San Salvador, El Salvador – La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma constitucional que habilita la reelección indefinida del presidente de la República y amplía el mandato de cinco a seis años. La modificación, impulsada por el partido oficialista Nuevas Ideas, que lidera el presidente Nayib Bukele, y sus dos partidos aliados, obtuvo el respaldo de cincuenta y siete de los sesenta diputados del Parlamento unicameral.
El paquete de cambios incluye reformas a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución. Uno de los puntos centrales es la eliminación de la restricción que impedía la reelección inmediata del jefe de Estado. Además, se elimina la obligación de realizar una segunda vuelta electoral en caso de que ningún candidato presidencial alcance mayoría absoluta, lo que simplifica el proceso electoral.
La diputada Ana Figueroa, del oficialismo, justificó la reforma señalando que “históricamente la reelección siempre ha existido en El Salvador para casi todos los cargos de elección popular sin prohibiciones”, y que el objetivo es “darle el poder total al pueblo salvadoreño”. Durante su intervención ante la Asamblea, Figueroa añadió que “los alcaldes se pueden reelegir cuantas veces ellos quieran, los diputados también”, en una defensa de la medida.
La aprobación ocurre en un contexto de amplia mayoría parlamentaria del bloque oficialista. Solo seis diputados de los sesenta no pertenecen al grupo afín al presidente. Los partidos de oposición Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Vamos rechazaron la iniciativa, calificándola de inconstitucional y antidemocrática. La diputada Marcela Villatoro (ARENA) expresó su rechazo afirmando que “hoy ha muerto la democracia en El Salvador”. Según declaró ante la prensa, la reforma “fue aprobada sin consulta, de forma burda y cínica”. Villatoro acusó al oficialismo de concentrar el poder político en la figura del presidente: “Se quitaron las máscaras”.
En términos políticos, la reforma abre la posibilidad de que Nayib Bukele pueda aspirar a un nuevo mandato en las elecciones previstas para dos mil veintisiete, aun cuando su actual periodo concluiría en dos mil veintinueve. Con esta modificación, los comicios presidenciales podrían coincidir con las elecciones legislativas y municipales, consolidando el calendario electoral en un único ciclo.
La reforma aún requiere una segunda aprobación en una legislatura posterior para entrar en vigor, conforme a lo que establece el procedimiento constitucional salvadoreño. Se espera que la actual Asamblea, dominada por Nuevas Ideas, ratifique el texto sin modificaciones en los próximos meses, lo que aseguraría su implementación. El mismo día, el Congreso también se preparaba para debatir la aprobación de una nueva prórroga del régimen de excepción que rige en el país desde marzo de dos mil veintidós. De concretarse, sería la prórroga número cuarenta y uno de este estado de excepción, decretado originalmente para combatir a las pandillas.
En una intervención pública reciente, Bukele defendió las medidas adoptadas durante su gobierno y cuestionó los señalamientos sobre el debilitamiento institucional en el país. “Me tiene sin cuidado que me llamen dictador”, declaró a inicios de junio. En ese mismo discurso, sostuvo que conceptos como “democracia, institucionalidad, transparencia, derechos humanos, Estado de derecho, suenan bien (…) pero son términos que solo se usan para tenernos sometidos”. La aprobación de estas reformas se produce en un clima político marcado por un control del Ejecutivo sobre las instituciones del Estado. Desde su llegada al poder en dos mil diecinueve, el presidente Bukele ha impulsado una serie de reformas judiciales, electorales y constitucionales que han modificado el equilibrio institucional del país. Organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales han advertido sobre los riesgos de concentración de poder. En dos mil veintiuno, la Sala de lo Constitucional, reorganizada por una mayoría parlamentaria afín a Bukele, emitió una resolución que ya abría la puerta a la reelección presidencial inmediata, en contradicción con precedentes jurídicos anteriores. La reforma constitucional aprobada este jueves institucionaliza formalmente esa posibilidad y extiende la duración del cargo presidencial, consolidando un cambio profundo en la estructura política del país.
