El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el pasado 5 de agosto que no solicitará la pena de muerte contra tres reconocidos capos del narcotráfico mexicano: Ismael “Mayo” Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa; Rafael Caro Quintero, del extinto Cártel de Guadalajara; y Vicente Carrillo Fuentes, del Cártel de Juárez. Los tres son acusados de traficar grandes cantidades de droga hacia EE. UU., así como de múltiples homicidios y tráfico ilegal de armas. La decisión ha generado sorpresa, especialmente porque durante el gobierno de Donald Trump se impulsó una política de mano dura contra los cárteles, a los que incluso llegó a calificar como organizaciones terroristas.
Expertos consideran que la determinación podría estar motivada por razones diplomáticas y estratégicas. México mantiene una política firme contra la pena capital y solo extradita a sus ciudadanos si se garantiza que no enfrentarán la ejecución. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró esta postura al señalar que “no importa el delito, estamos en contra de la pena de muerte”. Analistas como Bonnie Klapper, exfiscal federal, especulan que el gobierno mexicano podría haber condicionado futuras extradiciones a la eliminación de esta pena, buscando preservar sus principios jurídicos y obtener cooperación en otros procesos.
Las defensas de los tres narcotraficantes celebraron la decisión como un avance hacia una “resolución justa”. Frank Pérez, abogado de “El Mayo”, y Kenneth J. Montgomery, defensor de Carrillo Fuentes, coincidieron en que la medida demuestra un compromiso con los valores de una sociedad civilizada. Por su parte, Elizabeth Macedonio, abogada de Caro Quintero, consideró que esto abre la puerta a cerrar el caso de su cliente. Las fechas clave en los tribunales federales ya están fijadas: Zambada comparecerá el 25 de agosto, Caro Quintero el 18 de septiembre y Carrillo Fuentes el 30 de septiembre.
