La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) pidió a la Justicia suspender la ejecución del decomiso por 537 millones de dólares que le fue impuesto como parte de su condena por irregularidades en la concesión de obras viales. En escritos presentados ante el Tribunal Oral Federal Nº2, Fernández sostuvo que su patrimonio es legítimo y que la cifra establecida es irregular, al argumentar que “no tiene bienes que sean producto o provecho del hecho enjuiciado”.
La exmandataria —condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos— cuestionó que el monto calculado, equivalente a 685.000 millones de pesos, fuera considerado definitivo sin un debate técnico previo, cuando originalmente se había determinado como provisorio. Su abogado, Carlos Berardi, solicitó que se suspenda cualquier ejecución patrimonial hasta que la sentencia esté firme, y pidió al tribunal dictar “un nuevo fallo conforme a derecho”.
Junto a Fernández, otros ocho condenados, entre ellos el empresario Lázaro Báez y exfuncionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y de la propia expresidenta, también deben enfrentar el pago. El tribunal, apoyado en peritajes contables oficiales, calificó el esquema de corrupción como un “gravísimo daño al erario público”. Fernández permanece bajo prisión domiciliaria desde el 17 de junio, tras la confirmación de su condena por parte de la Corte Suprema.
