El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que 26 delincuentes de alto perfil fueron trasladados a Estados Unidos como parte de una operación conjunta para evitar que continuaran ordenando secuestros, extorsiones y homicidios desde prisiones mexicanas. Muchos de ellos vulneraban la seguridad mediante visitas controladas y contaban con amparos que les permitían permanecer en centros de baja seguridad, lo que representaba un alto riesgo de fugas y continuidad delictiva.
El operativo se realizó en coordinación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los detenidos, aunque podrían enfrentar cadena perpetua. En el despliegue participaron 988 elementos, 90 vehículos y más de diez aeronaves que partieron desde la Base Aérea Militar No. 1 hacia diversos estados norteamericanos, incluyendo Nueva York, Virginia, Arizona y California.
La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la medida como una acción soberana en favor de la seguridad nacional. No obstante, tanto la Fiscalía General de la República (FGR) como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aclararon que el traslado respondió a una solicitud formal del gobierno estadounidense en el marco de la Ley de Seguridad Nacional, lo que lo distingue de un proceso de extradición convencional.
