Un grupo de más de 60 integrantes del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria se manifestó este viernes frente al Palacio de Gobierno en la ciudad de Chihuahua, para exigir que esta forma de agresión sea reconocida y sancionada como delito en el estado.
Roberta Gutiérrez, representante del Frente en la entidad, señaló que actualmente Chihuahua y Durango son las únicas dos entidades del país que no han incorporado en su marco legal la tipificación de la violencia vicaria, lo que deja a las víctimas en una situación de indefensión jurídica.
De acuerdo con la activista, en la entidad se han atendido aproximadamente 2 mil casos relacionados con este tipo de violencia, que consiste en dañar, amenazar o instrumentalizar a los hijos e hijas como medio para causar sufrimiento a la madre u otro progenitor, generalmente después de una separación o conflicto familiar.
Gutiérrez recordó que el caso más reciente y trágico ocurrió en Hidalgo del Parral, donde un hombre, al perder la custodia de sus dos hijas, decidió envenenarlas y posteriormente quitarse la vida, hecho que ha conmocionado a la sociedad chihuahuense.
La representante subrayó que es fundamental visibilizar la violencia vicaria y diferenciarla de la alienación parental, ya que —dijo— son figuras jurídicas y conceptuales distintas. “La violencia vicaria no es un conflicto de custodia común; es un acto de violencia extrema que debe ser reconocido y castigado penalmente.
Su no tipificación impide que las autoridades actúen con la contundencia necesaria”, afirmó.
Durante la manifestación, las y los asistentes portaban pancartas con mensajes como “La violencia vicaria mata” y “Chihuahua, la deuda es con nuestras hijas e hijos”, mientras pedían a los diputados locales que presenten y aprueben de manera urgente una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado.
Organizaciones civiles y colectivos feministas presentes en la protesta advirtieron que de no haber avances legislativos en las próximas semanas, se sumarán a movilizaciones nacionales para presionar por la homologación de leyes que garanticen la protección de niñas, niños y adolescentes frente a este tipo de violencia.
