Lo que está por desatarse en Chihuahua pinta para convertirse en una de las demandas laborales más sonadas de los últimos años. Cincuenta familias quedaron en el limbo luego de que la empresa Santek —subcontratada para surtir medicamentos e insumos a las farmacias de la Secretaría de Salud estatal— anunciara el despido de sus trabajadores sin indemnización, limitándose a un finiquito raquítico. No se trata de un conflicto aislado, sino de una bomba que venía encendiéndose desde hace dos años.
El origen del problema está en los adeudos que la propia Secretaría de Salud, encabezada por Gilberto Baeza, mantiene con la compañía. Desde entonces, Santek acusaba que los pagos no llegaban, pero las autoridades prefirieron mirar hacia otro lado. El tiempo pasó, los reclamos se acumularon y la cuerda terminó por romperse del lado más delgado: el de los trabajadores, quienes hoy se sienten no solo despedidos, sino despojados de sus derechos laborales más básicos.
Los testimonios apuntan incluso a que hubo coacción para aceptar las condiciones de salida, mientras que la empresa se lava las manos y responsabiliza al Gobierno estatal por la crisis financiera. Pero no hay que olvidar que la Auditoría Superior del Estado ya había señalado a Santek por irregularidades desde hace dos años, lo que ensucia aún más el panorama. Al final, tanto la empresa como la Secretaría comparten un papel protagónico en esta tragedia social.
La pregunta de fondo es hacia dónde se dirigirá esta lucha: ¿una mega demanda laboral contra la Secretaría de Salud, contra Santek o contra ambas? Lo cierto es que detrás de los tecnicismos legales y de las omisiones burocráticas hay cincuenta familias que se quedaron de golpe sin sustento. Y eso, más allá de las culpas compartidas, es una deuda moral que ni la empresa ni el Gobierno deberían evadir.
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El PAN llega mejor posicionado rumbo a la Presidencia Municipal de Chihuahua: concentra el 46% de las preferencias, contra 18% de Morena y apenas 9% del PRI. La contienda se perfila a resolverse primero en la interna panista, donde aparecen los perfiles más visibles.
César Jáuregui, actual fiscal, es visto como un operador político con experiencia y capacidad para tejer acuerdos con distintas fuerzas, aunque su reto será conectar con el electorado en tierra. Manque Granados, por su parte, carga con el respaldo de haber sido alcaldesa y con un reconocimiento que atraviesa distintos sectores sociales, lo que la coloca en una posición sólida.
Llama la atención el ascenso de Alan Falomir. De no figurar, hoy ya aparece con un 13% en las encuestas. Su papel reciente le ha dado visibilidad y lo muestra como un perfil fresco dentro del PAN. Él mismo ha dicho que sí buscará la Alcaldía, aunque no lo hará mientras siga en funciones, lo que refuerza su imagen de responsabilidad institucional.
En el PRI, Alejandro Domínguez lidera cómodo con 60% frente al 17% de Fermín Ordoñez y Rosy Carmona. Sin embargo, el tricolor no muestra fuerza para competir en el escenario general.
Todo apunta a que la definición panista marcará el rumbo: de ese proceso interno saldrá el candidato que tendrá las mayores posibilidades de quedarse con la Alcaldía de Chihuahua.
Este levantamiento de opinión se trató únicamente de un ejercicio interno, cuyo objetivo fue obtener una radiografía clara y puntual del escenario político rumbo al 2027 en la capital, permitiendo dimensionar con mayor realismo cómo se perfilan los principales actores y partidos en la contienda que viene.
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Un verdadero llamado de auxilio llega desde Ciudad Juárez dirigido al Secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña. En la oficina de Transporte Estatal se denuncia la presencia de prácticas de corrupción que, lejos de erradicarse, parecen haberse perfeccionado con el paso de los años. La figura central es el comandante Octavio Muñoz Piñón, señalado como el encargado de operar la llamada “polla” bajo la venia de Armando Herrerías, jefe de la oficina en aquella frontera.
El sector empresarial y de transporte reconoce quese ha notado un cambio radical en las politicas para mejorar la movilidad de la frontera, por lo que buscan dar señales de humo hasta la capital para evitar un retroceso o que se fomenten esas practicas a la “malagueña”
Fuentes locales aseguran que el esquema no es nuevo. Durante el quinquenio de Javier Corral, Muñoz ya habría participado en la repartición de beneficios bajo la sombra de Tania Amaya, en tiempos en los que el transporte estatal se convirtió en una auténtica caja chica de funcionarios que jamás fueron auditados. Ahora, con nuevo cargo operativo, el comandante aparece nuevamente vinculado a la recaudación irregular, incluso con audios que circulan en redes sociales en los que se giran instrucciones para beneficiar a ciertos grupos de transportistas.
La denuncia no se detiene ahí. Trabajadores internos hablan también de la existencia de “aviadores”, personas que solo se presentan los días de quincena para firmar nómina, sin cumplir con ninguna labor en la dependencia. Todo esto sucede bajo el manto de una oficina que debería regular y ordenar el transporte, pero que se encuentra señalada por ser un centro de abusos y acomodos políticos.
El llamado ha sido desde Juárez al Secretario, y tiene como objetivo darle una señal sobre quien podría estarle ocultado información vital.
