Tras las declaraciones de la senadora Lilly Téllez, en las que respaldó la intervención de Estados Unidos en México para combatir a los cárteles —afirmando que este “es el sentir de la mayoría de los mexicanos”—, la opinión pública se encuentra dividida sobre si debería ser juzgada por traición a la patria. La polémica surge luego de que la legisladora relacionara al gobierno actual con el crimen organizado, en el contexto del caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad en Tabasco y presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”.
Una encuesta reciente muestra que el 47% de los encuestados considera que sería una persecución política llevar a Téllez a juicio, mientras que un 45% cree que sí debe responder ante la ley por sus dichos. Por su parte, el 5% opina que no pasará nada porque “a los políticos siempre los perdonan”, un 2% pide que se investigue primero antes de tomar una decisión y solo 1% dijo no saber qué pensar al respecto.
Morena ha interpretado los comentarios de Téllez como un respaldo a una posible intervención extranjera, lo que para algunos sectores representa una violación a la soberanía nacional. El tema ha generado una intensa discusión sobre los límites de la libertad de expresión y el papel de los legisladores frente a la seguridad nacional y las relaciones exteriores.
