
H. Cd de Chihuahua.- Una nueva controversia diplomática surgió entre México y Perú luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum expresara públicamente su respaldo al exmandatario peruano Pedro Castillo, actualmente encarcelado en su país. A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Sheinbaum publicó una imagen junto a Guido Croxatto, abogado de Castillo, a quien calificó como “injustamente encarcelado” y víctima de persecución política.
La mandataria mexicana manifestó su “más profunda solidaridad” con Castillo y su familia, afirmando que su caso “representa un grave precedente de persecución política y discriminación en nuestra región”. En su mensaje, Sheinbaum añadió que “la libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, y exhortó a la ONU a actuar en defensa de los derechos humanos y la justicia.
En respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú envió una nota diplomática de protesta, en la que rechazó “categóricamente” las declaraciones de la presidenta mexicana. A través de un comunicado, la cancillería peruana subrayó que Pedro Castillo “no es un perseguido político”, sino que enfrenta un proceso judicial por su intento de disolver inconstitucionalmente el Congreso el 7 de diciembre de 2022, lo cual constituyó un “flagrante quiebre del orden constitucional”.
El gobierno peruano calificó dicho acto como un “golpe de Estado fallido” y recordó que Castillo fue detenido en flagrancia cuando se dirigía a la embajada de México en Lima tras anunciar la instauración de un gobierno de excepción.
La cancillería también señaló que la situación jurídica del exmandatario se desarrolla conforme a las leyes peruanas, respetando el debido proceso y los principios constitucionales. “Presentar su caso como persecución política constituye una afirmación falsa e inaceptable”, subrayó el documento.
Asimismo, el gobierno peruano acusó a Sheinbaum de asumir una “posición ideologizada” y de desconocer la condena expresada por el secretario general de la ONU en diciembre de 2022, cuando se rechazó públicamente cualquier intento de subvertir el orden democrático en Perú.