A pocas horas de que su nombre apareciera en una denuncia formal por corrupción y tráfico de combustible ilegal, el capitán Jeremías Pérez Ramírez fue encontrado sin vida dentro de su oficina en la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas. El cuerpo presentaba un impacto de bala en el pecho, en lo que podría ser un mensaje silencioso ligado a una amplia red de complicidades entre mandos de la Marina, funcionarios aduanales y operadores del llamado huachicol fiscal en puertos estratégicos del país.
La denuncia fue presentada por el exdirector de la Aduana de Tampico, Alejandro Torres Joaquín, quien señaló a altos mandos navales —incluidos los sobrinos del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda— de permitir el ingreso de buques cargados con millones de litros de combustible ilegal a cambio de sobornos millonarios. De acuerdo con el testimonio, los pagos a funcionarios iban de 100 a 300 mil pesos, y tan solo en el puerto de Tampico se habrían repartido más de 25 millones de pesos para facilitar la operación de seis buques en al menos 14 ocasiones.
Esta muerte se suma a una serie de asesinatos de funcionarios ligados a las aduanas de Tamaulipas y otras entidades portuarias, como Matamoros, Manzanillo y la Ciudad de México, todos con vínculos directos a redes de corrupción en el manejo de combustible. Las revelaciones apuntan a una estructura que se consolidó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y que hoy expone el nivel de infiltración criminal dentro de instituciones clave del Estado mexicano. La Fiscalía General de la República, hasta el momento, guarda silencio.
