H. Ciudad de Chihuahua, Chih.- El Fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes, reconoció la complejidad que enfrenta el proceso de reparación del daño a las miles de víctimas defraudadas por la empresa ARAS, al precisar que si bien ya existe una sentencia firme, la ejecución de la misma es un camino largo, supervisado por jueces de ejecución y con múltiples obstáculos legales.
Araiza explicó que actualmente hay alrededor de 70 inmuebles asegurados considerados dentro de la sentencia. Sin embargo, varios de estos bienes continúan sujetos a procedimientos judiciales, pues particulares alegan tener mejores derechos de propiedad. Aunque en la mayoría de los casos esas impugnaciones no prosperan, los juicios siguen su curso, retrasando la disposición final de los activos.
El fiscal fue claro: la reparación no cubrirá el 100% de las pérdidas, ya que el número de víctimas supera con creces el valor de los bienes disponibles. “Lo que tenemos se va a repartir proporcionalmente. No hay otra forma”, puntualizó. Detalló que se busca un esquema de distribución que garantice que todas las víctimas reciban al menos una parte, evitando escenarios caóticos como adjudicar bienes en copropiedad a miles de afectados.
En cuanto a la preocupación ciudadana sobre los procesos de extinción de dominio, Araiza aclaró que esta herramienta no pretende despojar a las víctimas de posibles recursos, sino al contrario, sumar bienes adicionales que puedan destinarse al pago. “La extinción de dominio es un extra, por si algún bien contemplado en la sentencia llegara a ser liberado en amparo. Con esta vía aseguramos que todo activo posible pueda recuperarse y usarse en la reparación del daño”, dijo.
También reveló que la Fiscalía prepara la imputación en un caso de presunto fraude procesal relacionado con demandas laborales simuladas. De acuerdo con la hipótesis ministerial, un grupo de supuestos trabajadores habría obtenido laudos millonarios contra ARAS gracias a la falta de defensa adecuada, poniendo en riesgo bienes asegurados que debían destinarse a las víctimas del fraude. Tres de esos trabajadores ya aceptaron que se trató de una simulación, lo que permitirá a la Fiscalía proteger esos activos.
El funcionario reconoció que aún no es posible calcular cuánto recibirá cada víctima, ya que los bienes deben ser valuados y luego dispuestos conforme a la resolución judicial. Sin embargo, garantizó que todos los días se trabaja para avanzar en la ruta legal que permita, aunque de manera parcial, resarcir los daños ocasionados por la empresa.
“La expectativa de que se devuelva todo lo perdido es imposible de cumplir, pero sí podemos asegurar que ningún bien quedará fuera del proceso de recuperación. Lo que se logre asegurar y defender en tribunales, será repartido proporcionalmente entre los afectados”, concluyó el Fiscal de la Zona Centro.
