Chihuahua, Chih.- El fiscal de la Zona Centro, Heliodoro Araiza Reyes, explicó que el actual proceso de transición en el Poder Judicial del Estado, derivado de la elección de nuevos jueces y magistrados, ha generado una pausa en la resolución de asuntos judiciales, lo que obliga a la Fiscalía a administrar de manera cuidadosa sus casos.
Araiza detalló que, en condiciones normales, los tribunales tardan entre uno y tres meses en asignar una sala para resolver los asuntos, pero con el relevo judicial esta espera podría extenderse, calculando al menos un mes adicional para que se normalice la actividad.
“En este momento, prácticamente todas las capacidades están congeladas, lo que significa que hay una parálisis en algunas resoluciones hasta que las nuevas autoridades retomen su ritmo de trabajo”, señaló el fiscal.
Indicó que, mientras tanto, la Fiscalía ha optado por priorizar únicamente la judicialización de delitos graves o en flagrancia, con el fin de no saturar al tribunal y mantener un equilibrio durante la transición. Aseguró que los casos más urgentes sí han recibido respuesta oportuna, pero los demás se administran con cautela para evitar rezagos mayores.
El fiscal confió en que para el mes de octubre el Poder Judicial logre recuperar el ritmo de audiencias y resoluciones que tenía en meses anteriores. Asimismo, adelantó que plantearán nuevas propuestas al Tribunal para optimizar procesos, como la implementación de audiencias concentradas.
Explicó que este modelo ya se aplicó en casos de narcomenudeo y recientemente en robos, logrando atender hasta 100 imputados en una sola audiencia, lo que representa un ahorro de entre 3 y 4 millones de pesos al Estado. “Si al final todos califican para una suspensión condicional del proceso, no tiene sentido gastar recursos en juicios individuales cuando el resultado será el mismo”, añadió.
Araiza sostuvo que este tipo de medidas no afectan la legalidad ni el derecho de las partes, sino que permiten procesar grandes volúmenes de asuntos sin desgastar al Ministerio Público, al tribunal ni a las corporaciones policiales.
Finalmente, reiteró que la transición judicial implica un periodo de espera inevitable, pero aseguró que la Fiscalía continúa trabajando y preparando estrategias para que, una vez regularizada la actividad de los tribunales, se retome con mayor agilidad la atención de los casos pendientes.
