Empecemos con una noticia que, por una vez, ilumina en lugar de quemar: la diputada federal por Chihuahua, Rocío González Alonso, plantea reformar los artículos 262 y 263 del Código Penal Federal para que el estupro –ese delito vil donde un adulto usa engaño o manipulación psicológica para tener contacto sexual con un menor– se persiga de oficio, sin esperar a que una denuncia rompa el silencio. Imaginen: agravantes como una diferencia de edad mayor a cinco años, o cuando la víctima recibe dinero, bienes, drogas o promesas a cambio de su “consentimiento”, o si está en una situación de vulnerabilidad absoluta –pobreza, adicción, violencia familiar, discapacidad o un embarazo forzado.
Chihuahua, segundo estado con más víctimas menores de abuso sexual, estupro y violación equiparada en los últimos 10 años, con 17,228 casos que claman justicia, podría ver un giro real con esta propuesta. En Juárez, donde la universidad misma lidia con denuncias de abuso que se pierden en el limbo, esta iniciativa es un soplo de aire fresco, un recordatorio de que la ley debería cazar al depredador, no esperar a que la víctima arme el valor.
Porque si el estupro deja de ser un secreto familiar o un pacto de silencio, quizás menos niños crezcan con cicatrices que nadie ve. González Alonso, con esta movida, pone el dedo en una llaga que duele, y Juárez, que ha visto de todo, aplaude: ojalá el Congreso no la diluya en debates eternos.
Pero qué curioso y tenebroso giro da la justicia cuando toca a los suyos: Édgar Herman, hermano de la nueva magistrada Nancy Josefina Escárcega Valenzuela –quien se vendió en campaña como la jueza incorruptible–, acaba de ganar una semilibertad que parece un indulto disfrazado de tecnicismos.
Condenado originalmente a décadas de prisión por secuestros agravados en 2005 –contra tres víctimas, con penas que sumaban hasta 2057–, su expediente es un laberinto de remisiones y amparos: 27 años en 2007 por dos secuestros, reducidos en 2011 con 10 años y seis meses de gracia; 37 años más en 2020, recortados en 2024 para salir en 2048; y ahora, tras un amparo en noviembre de 2024 y una revisión en marzo de 2025, el juez Juan Carlos Erives Fuentes le concede semilibertad hasta marzo de 2050, con internamientos solo de viernes a domingo en el Cefereso 14 de Durango.
Estudios de viabilidad de enero de 2024 allanaron el camino, y el traslado por “seguridad” en 2024 añade un velo de misterio. ¿Dónde quedó el slogan de incorruptibilidad? En una ciudad donde los nuevos jueces suspenden 87 audiencias en su primera quincena y la impunidad reina, este caso del hermano de una magistrada –que entró al penal en Aquiles Serdán y ahora sale a ratitos– huele a privilegios que los comunes no sueñan.
Qué tenebroso: mientras las víctimas de secuestros exprés pagan rescates de 2,000 pesos y la Fiscalía archiva casos, un familiar de la toga disfruta fines de semana libres. En Juárez, donde la justicia es un lujo, este semiliberación es un espejo roto: ¿incorruptible para quién?
Y como si los niños no tuvieran ya suficiente con aulas que fallan y un futuro que se dibuja con lápiz borrable, la Secretaría de Educación Pública les regala otro fin de semana largo: no habrá clases el viernes 26 de septiembre para el primer Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo 2025-2026, extendiendo el descanso de jueves a domingo y retomando el lunes 29.
Preescolar, primaria y secundaria se unen a esta pausa obligatoria, donde directores y docentes analizan retos académicos, revisan avances y diseñan estrategias pedagógicas –o eso prometen. Pero en un país donde el calendario escolar ya es un rompecabezas de puentes y suspensiones, este CTE no es un respiro; es un día más de lo que ya sobra.
Porque mientras los maestros se reúnen para “mejorar”, los alumnos acumulan ausencias que no se compensan, y las familias –en Juárez, donde el transporte escolar es un riesgo y las becas un sueño– ven evaporarse horas de aprendizaje. Qué conveniente: en medio de un año con menos días de clase por reformas y pandemias pasadas, otro descanso que parece más excusa que esencial. En una frontera donde la educación debería ser el puente al progreso, estos fines de semana largos son un lujo que los niños pagan con futuros recortados.
