La empresa Energética Carvel, fundada en 2013 en Chihuahua y que en apenas una década pasó de operar unas cuantas gasolineras a controlar más de 40 estaciones de servicio en distintos estados del país, ha sido señalada por presuntamente formar parte de una red de huachicol fiscal, esquema de introducción ilegal de hidrocarburos y venta de combustibles a precios por debajo del mercado.
De acuerdo con denuncias presentadas ante autoridades federales y con investigaciones previas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía General de la República (FGR), la compañía habría realizado importaciones de combustible que excedieron los límites autorizados por la Secretaría de Energía, con operaciones que presentan irregularidades en la documentación y sin acreditar el origen legal del producto.Energética Carvel, bajo la administración de Carlos Alberto Velázquez Nieto, se expandió rápidamente en Chihuahua, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Sinaloa, además de establecer una red de transporte y distribución de combustibles.
En 2018, la PGR inició investigaciones contra la empresa y en 2019 clausuró dos estaciones de servicio, una de Carvel Fuel y otra de Black Gold, en un operativo encabezado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, con apoyo de la entonces Policía Federal.En 2021, la empresa fue señalada en un informe presentado en la Cámara de Diputados como una de las compañías chihuahuenses que habrían introducido gasolina de manera irregular desde Estados Unidos.
En dicho reporte se mencionaba también la posible operación de tomas clandestinas y la venta de combustible a precios que generaban competencia desleal frente a distribuidores legales, además de pérdidas fiscales para el Estado.
A pesar de que desde 2020 Energética Carvel figura en la lista de contribuyentes incumplidos de la Secretaría de Hacienda, Velázquez Nieto continuó expandiendo sus negocios: en 2021 obtuvo un contrato municipal en Aldama por 47 millones de pesos y, en 2023, la empresa anunció inversiones por más de mil millones de pesos en infraestructura energética.
Una de las revelaciones más polémicas ocurrió cuando se denunció públicamente que una de las estaciones de Carvel habría sido utilizada como exhibición de autos de colección pertenecientes al exfiscal de Chihuahua, César Augusto Peniche quien defendió públicamente a la compañía al señalar que se trataba de una campaña de desprestigio impulsada por competidores.
El vínculo con el servicio de recolección de basura en Juárez
De manera paralela, documentos oficiales revelan que Carlos Alberto Velázquez Nieto también es socio mayoritario de la empresa Aseo Municipal S.A. de C.V., constituida en febrero de 2023 en la ciudad de Chihuahua, junto con Anil Yazmil Díaz Luna Bustillos.A pesar de ser una compañía de reciente creación, Aseo Municipal fue seleccionada en la última licitación para encargarse de la recolección de basura en dos de los cuatro polígonos en los que se dividirá Ciudad Juárez a partir del 5 de septiembre de este año, tras el vencimiento del contrato con Promotora Ambiental de la Laguna (PASA).
La empresa se hará cargo de las zonas 3 y 4, que abarcan el oriente y suroriente de la ciudad, donde habitan más de 750 mil personas, según datos del INEGI. Para ambas áreas presentó propuestas económicas con precios unitarios de 750.50 pesos por tonelada, lo que representa un pago máximo de 41 millones 394 mil 883 pesos durante el presente año.
En la licitación, Aseo Municipal fue la única participante en la zona 3, mientras que en la zona 4 compitió contra Recolectora de Desechos y Residuos King Kong, filial de PASA.
Un caso bajo la lupa
Las investigaciones contra Energética Carvel y su propietario, hoy extendidas al ámbito de la recolección de residuos en Juárez, ponen en relieve la compleja red de negocios vinculados con Carlos Alberto Velázquez Nieto, quien de acuerdo con registros mercantiles participa como socio en al menos 26 empresas, incluidas Jets Premier, dedicada a la renta de aviones.Hasta ahora, la FGR no ha confirmado una sentencia condenatoria contra el empresario.
Las acusaciones en su contra se sustentan en denuncias ciudadanas, investigaciones periodísticas y verificaciones fiscales.No obstante, especialistas advierten que el caso refleja con claridad el fenómeno del huachicol fiscal, una práctica que no solo involucra el robo directo de combustibles, sino también la evasión de impuestos, la importación ilegal de hidrocarburos y operaciones con falta de trazabilidad legal.
De comprobarse judicialmente, estas redes representarían un daño significativo al erario, a la seguridad energética nacional y al funcionamiento del mercado formal de combustibles, además de evidenciar cómo empresarios con señalamientos federales pueden seguir accediendo a contratos públicos en municipios clave como Ciudad Juárez.
