Tomza, con su imperio de gas LP que controla el 9% del mercado nacional desde nuestras plantas, ya cargaba con multas previas por monopólicos, pero esta de 160 millones –la más alta en su historial– podría ser el sacudón que evite más Doña Alicias. Bien por la multa, sí, pero mal porque la sanción nunca revivirá a las víctimas ni devolverá la confianza en un sector donde la seguridad debería ser lo primero.
El 2 de octubre de 2025 nos regala un respiro que sabe a victoria pírrica: el rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Daniel Constandse Cortez, anuncia la reactivación del servicio de transporte Indio Bus para el próximo semestre, un guiño tardío a las voces que por fin rompieron el silencio de los pasillos universitarios.
Después de semanas de reclamos en redes –baños sin jabón ni papel, transporte en una ciudad insegura que parecía un riesgo más que un apoyo, y una infraestructura que cruje como un mueble viejo–, el rector promete poner manos a la obra, con rutas reforzadas y horarios que al menos intenten coincidir con los de los alumnos.
Bien por la UACJ, es lo mínimo que se espera de nuestra alma mater, ese faro que debería iluminar futuros, no tropezar en sus propios cables. Imaginen: miles de estudiantes caminando bajo el sol abrasador o pagando de su bolsillo por un camión que no llega, mientras el rector justifica conciertos millonarios con el cantante de turno. Qué alivio que las protestas hayan pesado lo suficiente para mover el engranaje. Pero, un momento, ¿por qué tuvo que escalar a denuncias para que un simple bus regrese? Un bus, por muy simple que parezca podría ser el puente que salva un semestre, un futuro entero o incluso, una vida.
Bien por la universidad, aunque no es ningún mérito extraordinario: garantizar transporte seguro y digno debería ser lo mínimo en una institución que presume formar a los futuros profesionistas de la región. La lección es clara: cuando los estudiantes alzan la voz, el eco resuena más fuerte que cualquier discurso institucional.
Y hablando de voces que por fin se escuchan, el Congreso de Chihuahua se pone las pilas y rechaza de plano la disculpa pública que Francisco Garduño, ex comisionado del INM, que ofreció a 2,000 kilómetros de distancia por el incendio en la estación migratoria de Juárez que se cobró 40 vidas en 2023. ¡Bien por el Congreso, que al menos entiende que las palabras de arrepentimiento no cruzan fronteras como los migrantes!
Los legisladores, en una sesión que resonó con la furia contenida de las familias afectadas, exigieron que la Secretaría de Gobernación –la verdadera dueña del desastre– realice la disculpa en la misma ciudad donde el fuego devoró sueños y dignidad, no en un salón impersonal de la CDMX.
Porque si Garduño, con su amparo judicial que lo salvó de la cárcel, quiere cerrar el capítulo con un “lo siento” grabado en video, que lo haga frente a los altares de Juárez, donde las veladoras por los 40 –migrantes hacinados sin extintores ni protocolos– aún arden.
Qué conveniente que la disculpa llegue ahora, tras la resolución de enero de 2025 que concedió suspensión a su proceso penal, y justo cuando el INM enfrenta demandas por negligencia que podrían costar millones. El Congreso, con su rechazo unánime, pone el dedo en la llaga: 2,000 kilómetros no borran el olor a humo ni el eco de gritos ahogados.
Exigir que sea en Juárez no es un capricho, es justicia mínima para una ciudad que cargó con la tragedia. Al menos por una vez, el Legislativo local mostró empatía y entendió que la memoria de las víctimas no puede despacharse con un acto simbólico en otra latitud.
Y para cerrar, una multa que duele como debe: la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) le clavó 160 millones de pesos a Grupo Tomza, la empresa juarense detrás de la explosión de la pipa en Iztapalapa que dejó varios muertos y decenas de heridos en septiembre.
Recordemos a Doña Alicia Mateos, la abuela que salvó a su nieta de 2 años de las llamas, quedando con el 90% de su cuerpo quemado; esa tragedia.
Es importate que la empresas que mueven este tipo de material peligroso cuenten con un seguro vigente –que Silza, filial de Tomza, no tenía–, ahora tiene un precio que al menos obliga a la reflexión. La ASEA, tras investigar la falta de pólizas de responsabilidad civil y daño ambiental, impuso la sanción histórica por operar al borde del abismo, un golpe que resuena en Juárez como un eco de responsabilidad.
