El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el envío de 300 soldados federalizados de la Guardia Nacional a Chicago, calificando la ciudad como una “zona de guerra” debido a la delincuencia y su estatus como santuario migrante.
El gobernador de Illinois, JB Pritzker, se opuso públicamente a la acción, acusando a Trump de querer sembrar el caos. Pritzker señaló que la administración federal busca “crear la zona de guerra para poder enviar aún más tropas”. En un hecho que intensifica el conflicto político, el Departamento de Guerra ha presionado a los gobiernos locales con mensajes que exigen “llamen a sus tropas o lo haremos nosotros”.
El despliegue en Chicago se concreta a pesar de que un juez federal bloqueó una medida similar en Portland, donde también se registraron protestas contra la militarización. Además, el gobierno federal congeló 2 millones de dólares destinados al transporte en Chicago como parte de una estrategia para presionar durante el cierre parcial del gobierno.
Mientras el gobierno federal habla de “protestas violentas”, las autoridades locales insisten en que las manifestaciones han sido mayormente pacíficas y controladas por fuerzas locales, rechazando la necesidad de una intervención militar.
