Un funcionario del DIF Sinaloa, un exdirector del Hospital Psiquiátrico del estado y su tía aparecen entre los socios de una empresa sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Dicha empresa forma parte de una red que presuntamente suministra precursores químicos para la elaboración de fentanilo al grupo delictivo de Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.
El pasado 6 de octubre, la OFAC anunció sanciones contra 12 empresas y ocho personas, entre ellas Martha Emilia, alias “Martita”, señalada como traficante de productos químicos vinculada al Cártel de Sinaloa. Según el comunicado oficial, Conde Uraga y su familia operan múltiples negocios en Culiacán, desde los cuales presuntamente suministran sustancias químicas mediante facturación fraudulenta y el uso de testaferros.
Entre las empresas sancionadas figuran Comercial Viosma del Noroeste, Prolimph Químicos en General, Roco del Pacífico Inmobiliaria y Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacífico.
Esta última compañía, dedicada a la atención psiquiátrica y de salud mental, fue constituida en 2016 en Culiacán. Entre sus socios figuran José María Conde Gámez, exdirector del Hospital Psiquiátrico de Sinaloa; Miguel Antonio Bórquez Morales, actual director del Centro de Educación Incluyente y Salud Emocional (CRECE) del DIF estatal; además de varios médicos especialistas. El representante legal es Mario Montoya Sánchez, quien también ha ocupado cargos en el Centro de Ciencias de Sinaloa y en la Universidad Tecnológica de Culiacán.
El Registro Público de Comercio señala que los hijos de Martha Emilia Conde Uraga forman parte del consejo de administración de la empresa, el cual ella preside. Aunque la compañía tiene como objeto la atención médica y la prevención de enfermedades mentales, no se hallaron registros de contratos con dependencias públicas. En contraste, otra de las empresas del grupo, Comercial Viosma del Noroeste, sí obtuvo en 2022 contratos con la Secretaría de Administración y Finanzas de Sinaloa por montos que alcanzaron hasta los 57 mil pesos.
Además del grupo encabezado por Conde Uraga, la OFAC también sancionó a los hermanos Jorge Luis, Francisco, Víctor y María Gabriela Favela López, así como a otros empresarios vinculados a compañías químicas como Sumilab, Storelab y Quilab, todas con sede en Culiacán. Estas empresas ya habían sido señaladas desde 2023 por continuar suministrando precursores para la fabricación de fentanilo al Cártel de Sinaloa, a pesar de los intentos por ocultar su operación bajo nuevos nombres y estructuras.


