Un alcalde que desafió al miedo
Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, representaba un tipo de liderazgo poco común en una región donde muchos prefieren callar. Desde su campaña insistió en recuperar la autoridad municipal frente a los cárteles y en limpiar la administración local de complicidades. Denunció públicamente a las mafias que controlaban extorsiones, tala ilegal y cobro de piso. Ese gesto, más que una estrategia política, fue un acto de valor que lo colocó en la mira de quienes prefieren alcaldes dóciles o ausentes.
Su asesinato durante un evento público el Día de Muertos simboliza la paradoja de gobernar bajo fuego, ejercer el poder sin poder ejercerlo plenamente. Cada bala disparada contra Manzo fue también un mensaje de advertencia a otros funcionarios municipales de Michoacán, “esto pasa cuando te enfrentas”. La consecuencia es doblemente grave, no solo muere un alcalde, sino que se debilita la confianza ciudadana en la posibilidad de un cambio real en territorios capturados por la violencia.
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El abandono federal, una petición ignorada
Meses antes de su asesinato, Carlos Manzo había solicitado apoyo adicional a la federación. Pidió refuerzos de la Guardia Nacional y respaldo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Argumentó que las amenazas contra su vida eran constantes, que su escolta local era insuficiente y que las rutas de acceso a Uruapan estaban controladas por grupos delictivos. Nunca obtuvo una respuesta contundente.
La omisión duele porque evidencia un patrón de indiferencia institucional, el Estado mexicano se activa solo después de la tragedia. Las condolencias oficiales y los compromisos de, no impunidad, llegan siempre después del crimen, nunca antes.
Manzo no pedía privilegios, pedía protección para seguir sirviendo. Su asesinato pone en evidencia la distancia entre el discurso federal de “pacificación” y la realidad de los municipios que siguen sitiados por la violencia. La federación no lo protegió, y esa omisión es también una forma de iresponsabilidad.
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Las heridas abiertas de la gobernabilidad local
El asesinato de un alcalde en funciones no solo deja una silla vacía, deja un vacío de poder y de esperanza. Uruapan, como muchas regiones del país, vive una gobernabilidad frágil, cada autoridad que cae se convierte en un recordatorio de que el crimen puede imponer su ley cuando el Estado se retrae.
El impacto no es únicamente institucional. También es moral y político. Los ciudadanos que vieron a su alcalde caminar entre ellos, sin miedo, ahora lo ven convertido en mártir. Pero el heroísmo individual no puede sustituir la política pública ni la coordinación de los tres niveles de gobierno.
La democracia municipal mexicana enfrenta una pregunta urgente, ¿quién querrá gobernar si la muerte es el precio del compromiso? Si los alcaldes que piden ayuda son ignorados y los que callan sobreviven, el sistema termina premiando la sumisión y castigando el valor.
La memoria de Carlos Manzo debería obligar al país entero a revisar su pacto federal de seguridad, no puede haber gobiernos locales sin protección ni justicia sin prevención.
Carlos Manzo no murió solo, murió acompañado por el silencio del Estado y la indiferencia de un sistema que normaliza el sacrificio de sus servidores públicos. Su historia es una advertencia, pero también un llamado. Si México no aprende a cuidar a sus valientes, seguirá enterrando a sus mejores.
