H. Cd de Chihuahua.- El fiscal Abelardo Valenzuela, titular de la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua, aseguró que la acción penal ejercida contra el exgobernador J.C.J y otros imputados por presunto desvío de 98.6 millones de pesos del erario estatal está plenamente fundamentada en el Estado de Derecho y respaldada por la Constitución mexicana.
Según Valenzuela, los recursos involucrados son totalmente estatales, y los intentos del Ministerio Público Federal de atraer el caso carecen de competencia y legitimidad.
El fiscal destacó que los tres imputados han promovido juicios de amparo contra las órdenes de aprehensión y diligencias relacionadas, los cuales han sido negados. Recientemente, la jueza décimo de distrito concedió una suspensión definitiva en un amparo, asegurando que la carpeta de investigación no será entregada a la Fiscalía General de la República.
Valenzuela afirmó que la Fiscalía no descansará hasta recuperar los recursos desviados y resaltó la independencia judicial de los jueces federales, que mantienen el principio de que nadie está por encima de la ley.
El exgobernador JCJ, el exsecretario de Hacienda F V y el particular JPL se encuentran prófugos por el delito de peculado agravado, relacionados con la presunta desviación de 98.6 millones de pesos del erario de Chihuahua.
La Fiscalía Anticorrupción del estado fue notificada el 20 de octubre sobre la aceptación de competencia legal del juez federal Roberto Alcoverde Martínez en la causa penal 3050/2024, así lo informó Helidoro Araiza Reyes, Fiscal Anticorrupción del estado.
Sin embargo, la Fiscalía no fue informada de la solicitud de la FGR, y la Secretaría de Hacienda del estado, en su calidad de víctima, tampoco fue reconocida en el proceso.
Ante esto, la Secretaría solicitó formalmente al juez revisar la resolución que busca trasladar la jurisdicción federal del caso, señalando que se mantuvo una postura arbitraria que violó la garantía de audiencia del Gobierno del Estado de Chihuahua.
