Este 12 de noviembre de 2025, la reciente decisión del Pleno de la Cámara de Diputados respaldó con 467 votos a favor la reforma a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, marca un hito para los titulares de tarjetas de crédito y débito en México.
Las modificaciones, impulsadas por el diputado Ricardo Monreal Ávila, imponen criterios estrictos a las entidades financieras y comerciales, enfocándose en la protección del consentimiento y los derechos de los usuarios.
Según las nuevas disposiciones, quien reciba una tarjeta bancaria sin haber autorizado explícitamente su emisión quedará eximido de cualquier responsabilidad. La iniciativa establece que es nula de pleno derecho la entrega de tarjetas sin el consentimiento expreso del usuario, por lo que no será obligatoria su cancelación y tampoco podrán generarse cargos por anualidad, comisiones, ni repercusiones en el historial crediticio.
Si existieran cobros indebidos, estos deberán ser reembolsados en un máximo de cinco días hábiles una vez reportados, evitando así notificaciones negativas ante el Buró de Crédito.
El proceso de cancelación se transforma de raíz: los usuarios podrán solicitarla de manera presencial, telefónica o por medios digitales, y la entidad emisora tendrá entre tres y cinco días hábiles para formalizar la terminación del contrato, sin que implique ningún cobro, comisión o penalización.
El comprobante, físico o digital, deberá certificar el cierre definitivo del producto financiero y será entregado una vez que el proceso concluya. La clave de este cambio recae en que, para los servicios virtuales, la banca en línea y las aplicaciones móviles deberán contar con un botón de cancelación visible y disponible en todo momento, garantizando la accesibilidad continua.
