La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este miércoles 12 de noviembre terminar con el cierre gubernamental más largo de la historia, por 222 votos a favor y 209 en contra.
Los republicanos votaron en bloque a favor of esta resoluciĂłn proveniente del Senado, tras 43 dĂas de parálisis presupuestal y con centenares de miles de funcionarios que dejaron de cobrar sus sueldos.
El proyecto de ley estableceel 30 de enero como nuevo lĂmite de financiaciĂłn del paĂs, por lo que las actividades gubernamentales podrán ser retomadas.
La iniciativa será enviada al presidente Donald Trump, quien deberĂa firmar la ley en breve.
“SabĂan que iban a causar daño, y lo hicieron de todas maneras”, acusĂł el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en alusiĂłn a los demĂłcratas.
“Seguiremos defendiendo los derechos de los estadunidenses”, habĂa clamado poco antes, en el debate previo, el lĂder de la bancada opositora, Hakeem Jeffries.
La aritmĂ©tica parlamentaria favoreciĂł a los republicanos, que tienen una mayorĂa muy ajustada en el Congreso, pero que han mostrado mejor disciplina de voto en ambas cámaras.
Los demĂłcratas en cambio aparecieron divididos entre un liderazgo que querĂa mantener el pulso con el gobierno, y ciertos legisladores moderados que optaron por romper filas.
Los servicios de investigaciĂłn del Congreso calculan que el paĂs perdiĂł hasta 14 mil millones de dĂłlares en esta parálisis presupuestaria.
Tras el acuerdo. unos 670 mil funcionarios volverán al trabajo con derecho a sueldo a partir del jueves.
Un cierre de gobierno en Estados Unidos es una crisis administrativa que se detona cuando el Congreso no aprueba —o el presidente no firma— las leyes de gasto necesarias para financiar a las agencias federales. El gobierno funciona con presupuestos anuales que deben renovarse cada octubre. Si los legisladores no logran acuerdos a tiempo, la ley obliga a suspender operaciones consideradas “no esenciales”, lo que provoca que miles de empleados federales dejen de trabajar o continúen sin recibir sueldo mientras dure el desacuerdo.
Durante un shutdown se frenan trámites migratorios, investigaciones cientĂficas, inspecciones, programas comunitarios y servicios pĂşblicos que dependen de oficinas federales. Las agencias que sĂ continĂşan operando —como seguridad nacional o control aĂ©reo— lo hacen bajo la categorĂa de “esenciales”, pero incluso ese personal suele trabajar sin pago inmediato. Para millones de personas, el cierre se siente en retrasos, suspensiĂłn de apoyos y parálisis administrativa.
Un shutdown prolongado tambiĂ©n tiene costos econĂłmicos. La Oficina de Presupuesto del Congreso ha documentado pĂ©rdidas multimillonarias en productividad pĂşblica, retrasos en contratos, impacto en turismo, en aeropuertos y en comunidades que dependen de la actividad federal. Aunque esos daños rara vez son permanentes, sĂ deterioran la confianza y colocan al gobierno en una posiciĂłn vulnerable ante adversarios polĂticos y mercados.
