Chihuahua paga los errores del centralismo
Bastante tiene México con sus crisis como para seguir permitiendo que un puñado de burócratas, encerrados en oficinas de la capital, decidan sobre la vida y el futuro de estados que ni conocen ni entienden. El caso del agua en Chihuahua vuelve a exhibir esa arrogancia centralista que pretende administrar territorios enteros sin saber diferenciar la “O” por lo redondo.
Julián LeBarón lo expuso con crudeza, en Chihuahua hay entre 18 y 19 mil pozos, pero 5 mil están fuera de regularización porque la Comisión Nacional del Agua apenas reconoce 13 mil títulos. Y en vez de enfocar ahí el problema real, la Federación insiste en redactar, desde escritorios a 2000 kilómetros, una nueva Ley Nacional de Aguas que, como advierte el activista, será hecha por “personas ignorantes o malvadas”. Personas que jamás han sembrado, jamás han cargado una cubeta de agua en la sierra y jamás han entendido lo que es perder una cosecha por una decisión tomada en un bar de Polanco en CDMX.
Es la misma historia de siempre, funcionarios que no cuidan lo que no es suyo, igual que con el petróleo de todos, que terminamos pagando al doble. Vienen, revisan, opinan, imponen y regresan a la comodidad de sus oficinas. Mientras tanto, en Chihuahua dejan incertidumbre, miedo y un desastre administrativo que pone en jaque al campo.
Porque esa es la verdad, ningún modelo centralista funciona cuando quienes mandan no pisan el terreno, no conocen la tierra, no viven las sequías ni entienden que en esta región cada gota es la diferencia entre producir o quebrar. Dejar la gestión del agua nacional a quienes solo la ven en reportes es condenar al país a repetir los mismos errores una y otra vez.
Ya es hora de que México entienda algo básico, los Estados no pueden seguir dependiendo de decisiones tomadas por burócratas que no saben lo que regulan, no conocen a quienes afectan y no pagan el costo de sus errores. La propiedad, la responsabilidad y la toma de decisiones deben estar donde están los pozos, las cosechas y la vida real. No en oficinas donde el agua la conocen, solo cuando abren los grifos de sus casas.
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El agua no se negocia
La defensa del agua en Chihuahua dejó de ser un tema técnico, es una causa social. Y ahora, con la entrada en esta disputa del diputado federal Alejandro Domínguez, esa causa suma otra voz que entiende perfectamente lo que está en riesgo.
Domínguez lo dijo sin titubear, el agua es un derecho, no una herramienta de control político ni un mecanismo de recaudación. La iniciativa del gobierno federal no solo amenaza la producción agrícola, también golpea el valor de la tierra y el sustento de miles de familias que viven del campo. Es una ley hecha desde el centralismo, sin escuchar a quienes realmente conocen la tierra.
Pero aquí está el punto clave, si las fuerzas vivas de Chihuahua se unen, productores, legisladores, activistas, organizaciones y ciudadanos, al gobierno centralista le será más difícil salirse con la suya.
La Federación puede tener mayoría legislativa, pero no tiene algo más poderoso, la convicción de un estado que no está dispuesto a entregar su agua ni a retroceder ante decisiones hechas detrás de un escritorio. Cuando el campo, la sociedad civil y los liderazgos locales hablan con una sola voz, ningún decreto federal alcanza para imponer un modelo injusto.
Alejandro Domínguez se suma y fortalece ese frente común.
Fortalece la idea de que el agua es patrimonio del campo, y que cualquier intento de arrebatársela encontrará resistencia y unidad.
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Que baje la revalidación… pero no las participaciones
Es una buena noticia para cualquier familia que el costo de la revalidación vehicular pueda bajar. Nadie se va a quejar de pagar menos, sobre todo en un momento en que cada peso cuenta, pero la gobernadora Maru Campos puso sobre la mesa un punto que Morena convenientemente omite, las rebajas no pueden hacerse recortando el dinero que le corresponde a Chihuahua.
Porque sí, reducir la revalidación a unos 905 pesos, suena atractivo, pero cuando esa propuesta viene de un partido que año tras año impulsa recortes federales para los estados, la historia cambia. No se puede pedir que Chihuahua cobre menos cuando la Federación ya envía menos. Esa ecuación nomás no cuadra.
Por eso la respuesta de la gobernadora fue tan directa y tajante como necesaria, si quieren bajar la revalidación, perfecto, pero entonces dejen de quitarnos recursos.
Y tiene razón. La ciudadanía puede verse beneficiada con una revalidación más barata, claro que sí. Pero no a costa de sacrificar participaciones federales, que son precisamente las que financian educación, seguridad, programas sociales y servicios básicos. Rebajar un trámite no debe convertirse en otro castigo presupuestal.
Si realmente la intención es aliviar el bolsillo de los chihuahuenses, Morena tendría que asumirlo con seriedad, menos discurso fácil y más responsabilidad fiscal. No se trata de inventar descuentos que suenan bien en el discurso, sino de garantizar que lo que se deje de cobrar no termine quebrando al estado.
