Los agricultores de Chihuahua han dado un mensaje tan claro como urgente: “aquí no hay izquierda ni derecha, aquí es el norte”. En una carta abierta, reclaman a quienes ostentan el poder que no les importan las siglas ni las ideologías; lo que exigen es algo más básico y profundo: resultados concretos para salvar sus cultivos, sus tierras y su futuro. No se trata de una demanda partidista: es una exigencia de justicia económica y territorial. Es admirable verlos levantando la voz con dignidad, sin pedir favores, sino compromisos.
Levantan la voz con una claridad que corta como navaja para clamar resultados a quienes ostentan el poder, recordándonos que el hambre no vota por colores, sino por pan en la mesa. Agricultores Unidos, entregó una petición a diputados de PAN, PRI, MC y Morena, exigiendo que el Congreso local cite a los legisladores federales para que expliquen –o defiendan– la iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, esa bomba de tiempo que amenaza concesiones hídricas con procesos discrecionales, centralización de la administración y prohibiciones a la transmisión de derechos que vulneran a productores y criminalizan su labor cotidiana.
Qué nivel tan envidiable: en un estado donde la política se divide en guindas y azules, estos hombres y mujeres del campo –que riegan nogales y siembran el futuro con manos callosas– exigen retiro de la iniciativa para un análisis profundo con representantes norteños, rechazando cambios a ciegas que arriesgan la seguridad alimentaria y devalúan tierras que son herencia de generaciones. “Con la pistola en la cabeza no se aprueba una norma de esa importancia”, relinchó Jiménez, con la rabia de quien sabe que la reforma no es progreso; es un yugo que centraliza el agua en manos federales, dejando al norte como un patio seco que riega al sur.
Ese mismo espíritu de reclamo justo se filtra en el escenario internacional, donde 13,000 empresas estadounidenses han alzado la voz ante Donald Trump, denunciando que en México enfrentan obstáculos serios para invertir en el sector energético. Este reproche llega justo cuando se revisa el T-MEC, y no es un berrinche diplomático: es un llamado real a la apertura, a que México deje de cerrar el camino a la inversión que podría generar empleo, desarrollo y crecimiento en la frontera.
Conglomerados como 3M, Johnson & Johnson, Caterpillar y Lockheed Martin firman la carta abierta que acusa a las reformas constitucionales de 2024 –incluyendo la desaparición de reguladores autónomos y cambios al Poder Judicial– de crear barreras que impiden acceso justo a procesos de inversión en plantas de energía y telecomunicaciones, insumos críticos para sus operaciones que ya invierten miles de millones en México. “Las reformas generan competencia injusta, ineficiencias, mayores costos y pérdida de oportunidades comerciales”, mascullan, señalando que el privilegio a empresas paraestatales como Pemex y CFE ahuyenta el capital privado que el nearshoring tanto necesita.
Esto no es lamento caprichoso; es el eco de problemas donde políticas energéticas locales priorizaron lo público sobre lo privado, dejando a las empresas con el pie en el acelerador pero el freno de mano jalado
Y la urgencia no es solo para los extranjeros. Aquí en Juárez, los parques industriales están exigiendo lo que deberían tener garantizado: agua para sus plantas. Sin ese recurso, no podrán operar al máximo, no crecerán y, por tanto, no generarán los puestos de trabajo que tanto se necesitan. Es una lógica simple: si se va a apostar por la industria, se debe asegurar la infraestructura básica para sostenerla.
La Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), que vigila 580 parques en el país, advierte que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales amenaza concesiones con procesos discrecionales y prohibiciones a transferencias que vulneran la certeza operativa, dejando a 477 parques en marcha y 103 en construcción con el temor de que el agua –esencial para enfriamiento, procesos y miles de empleos– se convierta en lujo caprichoso.
Este clamor es un recordatorio de que la “actualización normativa” no es progreso; es amenaza a un sector que genera el 52% del empleo local. Esto no es queja aislada; es el pulso de una economía que necesita agua como oxígeno, y la reforma –que centraliza y prioriza usos humanos– podría secar plantas antes que regarlas…
