H. Cd de Chihuahua.- La mayoría de la Cámara de Diputados aprobó recientemente una reforma a la Ley General de Salud que suprime la obligación de destinar al menos un 8 % del presupuesto del Fondo de Salud para el Bienestar (FONSABI) a tratamientos de alto costo —como cáncer, VIH/Sida, trasplantes y cuidados neonatales—, poniendo en riesgo la garantía legal que protegía a pacientes con enfermedades graves.
Con la modificación, los recursos de FONSABI podrían reasignarse para otros fines, como gastos operativos, mantenimiento o infraestructura de hospitales, en lugar de garantizar la atención especializada cuando un paciente la necesite. Críticos advierten que esta medida pone en entredicho la continuidad y cobertura de tratamientos esenciales, especialmente para las personas más vulnerables.
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Organismos y partidos de oposición han denunciado que esta reforma representa un “retroceso” en materia de salud pública. Señalan que la medida debilita la protección social y podría conducir a una crisis sanitaria para quienes dependen exclusivamente de este fondo para combatir enfermedades costosas.
Hasta ahora, no existe claridad sobre cómo se mantendrá la financiación de tratamientos oncológicos, para VIH, cuidados intensivos neonatales o enfermedades crónicas de alto costo. La eliminación del 8 % garantizado ha generado incertidumbre y preocupación entre pacientes, organizaciones civiles y especialistas en salud, quienes advierten que este cambio podría afectar seriamente el derecho constitucional a la salud.
