La declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López, conocido como “El Güero” en una corte federal de Chicago confirmó la estrategia de seguridad de Estados Unidos para desarticular al Cártel de Sinaloa.
El anuncio, que generó reacciones de alto nivel dentro del gobierno estadounidense, fue interpretado como un golpe estratégico que refuerza la ofensiva contra “Los Chapitos” y marca una nueva etapa en la persecución penal de la organización criminal.
Guzmán López, de 39 años, admitió ser responsable de conspiración para traficar drogas y de participar en una organización criminal continuada, cargos que contemplan una pena mínima de 10 años y una máxima de cadena perpetua.
Su declaración ocurre luego de que, en julio, su hermano Ovidio Guzmán también se declarara culpable en otro proceso en California, lo que fortalece la narrativa oficial de que las autoridades estadunidenses avanzan de forma sostenida contra la estructura del cártel.
Para Washington, el caso de Joaquín Guzmán López representa una pieza clave. Documentos judiciales señalan que el acusado reconoció haber secuestrado a Ismael “El Mayo” Zambada con la intención de entregarlo al gobierno estadounidense, aunque aclaró que lo hizo por cuenta propia y sin conocimiento de las autoridades.
El registro de esta afirmación se encuentra incompleto, pero su inclusión en el expediente amplió las preguntas sobre las dinámicas internas del cártel y sus fracturas recientes.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó la admisión de culpabilidad como “una gran victoria contra el Cártel de Sinaloa”. Afirmó además que forma parte de “una histórica y agresiva campaña de la administración Trump para desmantelar las organizaciones terroristas que atacan al pueblo estadounidense”.
En la misma línea, el jefe de la Agencia Antidrogas (DEA), Terrance Cole, declaró que la institución mantiene su compromiso con desmantelar la capacidad operativa del cártel. Cole sostuvo que la declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López constituye “otro golpe” a una organización que, según dijo, ha provocado “cientos de miles de muertes” a causa del tráfico de drogas como fentanilo, heroína y cocaína.
La reacción del Departamento de Justicia fue contundente: “Dos menos. Nos faltan dos”, expresó la dependencia al señalar que, con Ovidio y Joaquín declarados culpables, el siguiente paso es la captura y procesamiento de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.
Esta línea fue reforzada por el fiscal federal Adam Gordon, quien recordó que los hermanos Guzmán López han accedido a acuerdos de cooperación con las autoridades estadounidenses, lo que abre nuevas rutas para investigar al resto de la estructura criminal.
En Chicago, medios presentes en la audiencia reportaron que Guzmán López se declaró responsable de supervisar la distribución de drogas en Estados Unidos mientras dirigía una facción del cártel junto a su hermano Ovidio.
La jueza Sharon Johnson Coleman fijó el 1 de junio de 2026 como la fecha en que volverá al tribunal para avances en su cooperación y eventual sentencia.
El expediente judicial también detalla que Guzmán López llegó a Estados Unidos en 2024 en un vuelo privado con “El Mayo” Zambada, en lo que se sospecha fue un engaño para poner al veterano líder en manos de la justicia.
Aunque el Departamento de Justicia subrayó que Guzmán López no recibirá beneficios por este acto, su declaración abre líneas adicionales para reconstruir cómo se reorganizó el cártel durante los últimos años.
La combinación de dos culpabilidades, cooperación judicial y presión internacional perfila un escenario en el que Estados Unidos busca redoblar su ofensiva. Con dos líderes detenidos y dos pendientes de captura, la estrategia se centra ahora en debilitar los circuitos financieros, logísticos y violentos del Cártel de Sinaloa, considerado por Washington como una de las estructuras más peligrosas del hemisferio.
