La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 328 votos a favor, 131 en contra y cinco abstenciones, la Ley de Aguas que, entre otros aspectos, establece el derecho humano a ese recurso y prohíbe su acaparamiento, además de sancionar hasta con ocho años de prisión los delitos contra las aguas nacionales.
Aunque la presidenta de la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro, Kenia López, se declaró contra el trámite en “fast-track” del dictamen, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados avalaron discutirlo con dispensa de todos los trámites.
El proyecto considera más de 50 modificaciones para responder a las demandas de las organizaciones campesinas, pero el líder de la fracción morenista, Ricardo Monreal, anunció más cambios para la discusión en lo particular.
La nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum señalan que toda persona gozará del derecho humano al agua y, para ello, el Estado Mexicano deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones al acceso a dicho recurso.
Aun cuando el bloque oficialista incorporó una adición para enunciar el derecho de los productores agrícolas a vender o heredar sus concesiones de agua, previo aval de la autoridad en la materia, la bancada priista calificó ese ajuste de falsedad, pues la legislación dispone que “los derechos amparados en las concesiones y asignaciones no serán objeto de transmisión”.
El ordenamiento aprobado en lo general por Morena, PT y PVEM establece un nuevo capítulo de delitos contra las aguas nacionales que serán perseguidos de oficio.
Entre las penalidades previstas destacan de tres meses a cinco años de prisión a quien, sin autorización, altere, desvíe u obstruya los cauces, vasos, corrientes o flujos de aguas nacionales y genere afectación directa a las condiciones hidráulicas o ponga en peligro la vida de las personas o la seguridad de sus bienes o de los ecosistemas vitales.
“Quedan exceptuados de las sanciones a que se refiere el presente artículo las personas que realicen esta actividad para uso personal, doméstico y agropecuario familiar”, señala el articulado, en respuesta a quienes denunciaron la criminalización de los campesinos.
De igual forma se prevén hasta ocho años de prisión a servidores públicos o usuarios que gestionen concesiones de explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales mediante el ofrecimiento o entrega de dádivas.
