La Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma a la Ley General de Salud, entre cuyos principales elementos está la prohibición total de los vapeadores, así como la publicidad de los mismos. La reforma también incluye otros elementos, como el fortalecimiento de la compra consolidada de medicamentos e insumos sanitarios.
El dictamen a la iniciativa enviada por la presidenta, Claudia Sheinbaum, fue aprobado por 324 votos en favor, de Morena y sus aliados, y 129 en contra, de PRI, PAN y MC. La discusión se extendió poco más de tres horas.
Prohibición de Vapeadores y Debates sobre Penalización
Uno de los puntos que generó más debate fue la supuesta penalización de los consumidores de cigarrillos electrónicos. La oposición alertó que podría haber sanciones de hasta ocho años de cárcel para quienes adquieran o tengan un vapeador, mientras que el bloque de mayoría insistió en que presentará una reserva para aclarar que no se castigará a quienes posean o utilicen esos dispositivos, sino únicamente a quienes los vendan con fines de lucro.
El presidente de la Comisión de Salud, Pedro Zenteno Santaella (Morena), fundamentó la propuesta, resaltando que el propósito es “proteger a la niñez y juventud frente a productos nocivos” a través de la prohibición absoluta de la producción, comercialización, importación y publicidad de los vapeadores y cigarrillos electrónicos.
Lo anterior se debe a que esos productos “han explotado vacíos regulatorios y se han dirigido a niños, niñas y adolescentes con diseños atractivos y publicidad engañosa que sugiere inocuidad”, cuando en realidad pueden generar tanto o más daño que los productos tradicionales de tabaco.
Ante las críticas sobre la supuesta criminalización, Zenteno subrayó que presentarán una reserva para que quede claro que “no se sanciona al consumidor individual de vapeadores, sino a quienes los adquieren con fines de comercialización y lucro”. Recalcó que la sanción será proporcional, de 1 a 8 años de prisión, y multas entre 11 mil y 226 mil pesos para quienes lucren con estos productos.
Puntos Adicionales de la Reforma
Zenteno recordó que el dictamen incluye muchos otros puntos, además de la prohibición de vapeadores:
- Fortalecimiento de las atribuciones de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
- Incentivo a la producción nacional de medicamentos e insumos.
- Fortalecimiento nacional de producción, innovación y regulación sanitaria.
- “Aprovechamiento estratégico del plasma residual para la producción de hemoderivados”.
- Reconocimiento de la salud digital.
- Planeación del desarrollo de infraestructura en salud.
- Actualización, reclasificación y control de sustancias sicotrópicas y estupefacientes.
- Promover la transparencia en la asignación de recursos del Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi).
- Atención de la salud a la población a través de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed).
- Creación de un plan maestro nacional de infraestructura en salud.
Críticas de la Oposición y Alerta de Mercado Negro
La diputada Irais Reyes de la Torre (MC) presentó una moción suspensiva —que fue desechada—, alertando que los cambios a la Ley General de Salud representan “la reforma más prohibicionista, autoritaria y absurda que este país ha visto en décadas”, pues “criminaliza adquirir, conservar, almacenar, transportar, distribuir o vender vapeadores con penas de hasta ocho años de cárcel”.
Reyes de la Torre advirtió que sancionar esta práctica con más severidad que violentar a una mujer, divulgar fotos íntimas sin consentimiento, portar un arma prohibida, venderla sin licencia, o causar lesiones que ponen en peligro la vida.
Alertó que la prohibición total de los cigarrillos electrónicos beneficiará a los grupos del crimen organizado, los cuales ahora controlarán la venta de vapeadores. Argumentó que “cuando criminalizan la cadena completa, el mercado no desaparece: cambia de dueño y ese dueño es el mercado ilegal”, concluyendo que “más prohibiciones igual a más mercado negro y más dinero para los cárteles”.
Por su parte, Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) resaltó que el anuncio de la mayoría de registrar una reserva para no sancionar a los consumidores es una forma de admitir que el dictamen está mal elaborado. Lamentó que la enmienda significa “más de 150 artículos reformados, adicionados o derogados, en un dictamen de más de 829 páginas y 13 temas distintos, sin siquiera parlamentar con alguien”. Criticó que el gasto público en salud para 2026 es 2.6 por ciento más bajo que en los últimos seis años, y lejos del mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud del 6 por ciento del producto interno bruto.
Finalmente, la priísta Mónica Elizabeth Sandoval acusó a los diputados de mayoría de no darle la importancia que merecen a los temas de salud, concluyendo, con tono encendido, que “el PRI sigue vivo”.
