H. Cd de Chihuahua.- La denuncia pública de Hugo Martínez expone un grave vacío de responsabilidad por parte de las instituciones encargadas de proteger a la infancia.
A pesar de señalar presuntos actos de violencia contra su hijo de apenas cinco años, presentar denuncias formales, aportar pruebas y contar incluso con resoluciones legales a su favor, el padre asegura haber sido sistemáticamente ignorado por dependencias como el DIF Municipal, el Ministerio Público y juzgados familiares, evidenciando una alarmante falta de sensibilidad y actuación oportuna.
Más allá de un caso individual, la situación revela una profunda falla estructural: la revictimización de un menor y la discriminación hacia un padre que busca protegerlo.
La inacción institucional no solo contradice el discurso oficial de defensa de los derechos de la niñez, sino que pone en entredicho la eficacia y credibilidad de las autoridades responsables.
Mientras las dependencias se pasan el caso de un escritorio a otro, el menor, quien debería ser la prioridad absoluta, permanece, según la denuncia, en un entorno violento, dejando en claro que cuando el sistema no actúa, también se convierte en cómplice por omisión.
