Y el otro pa’ cuando?
Muy bien que se haya logrado la captura del exgobernador César Duarte.
Era un pendiente histórico, una herida abierta en el orgullo público y un recordatorio de que la impunidad había gobernado por encima de cualquier rendición de cuentas. Aplausos para quien tomó la decisión de ejecutar la orden, para quienes la empujaron jurídicamente y para quienes dieron seguimiento sin soltar el expediente.
Pero justo cuando terminó el festejo, surgió la pregunta que hoy se oye en todos lados, ¿y Javier Corral para cuándo?
Porque no es invento ni rumor, en redes sociales, en cafés, en mesas familiares y hasta en los pasillos institucionales se repite el mismo comentario, si uno ya cayó, el otro no se puede quedar mirando desde las gradas, y luego viene el argumento de siempre, es que tiene fuero.
Pues si el fuero estorba, que se desafore, diría la gente. Si el fuero protege, que se lo retiren. Si el fuero es obstáculo, entonces es momento de moverlo. Porque cuando existe voluntad política, el fuero se convierte en mero trámite administrativo.
La ciudadanía no pide venganza, pide equilibrio. No exige espectáculo, exige congruencia.
Y si se presume que en Chihuahua hubo un antes y un después de la lucha contra la corrupción, entonces ese después tiene que alcanzar a todos, no sólo a uno.
Duarte ya está en la cancha legal, procesado, señalado y con un expediente que avanza. El efecto dominó natural es la pregunta siguiente; si el primero ya cayó, ¿cuándo cae el otro?
Que no quede títere con cabeza, dicen los más molestos.
Que no haya favoritos, exclaman otros.
Que la justicia no tenga colores, logo ni exgobernador consentido, reclaman muchos más.
La captura de Duarte no puede ser el capítulo final. Apenas debe ser el prólogo.
Porque en Chihuahua quedó sembrada la sensación de que hubo dos gobiernos distintos, pero no necesariamente dos gobiernos transparentes. Uno ya está sometido al escrutinio legal; el otro sigue intacto, opinando, señalando, y hasta dando discursos morales desde la comodidad que otorga la distancia y la burocracia.
La justicia real no se mide por quién cae, sino por quién falta.
Y bajo esa premisa, el clamor social es claro, que caiga quien tenga que caer, cuando tenga que caer y sin pretextos.
No basta un expediente; se necesitan dos.
No basta un caso cerrado; se necesitan todos.
Si el combate a la corrupción tenía su símbolo, hoy hay que completarlo.
Si se inició el camino, hay que terminarlo.
Y si uno ya cayó, el mensaje ciudadano es contundente:
¿y el otro, para cuándo?
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Pian pianito
Hay momentos en la vida pública donde los resultados hablan más que cualquier discurso, campaña o slogan. Y hoy, los números colocan a Marco Bonilla en ese terreno donde la estadística deja de ser un dato frío para convertirse en una señal política clara.
La última medición de Rubrum, correspondiente a diciembre, no solo reafirma lo que ya se veía venir, Bonilla cierra el año como el mejor evaluado del país entre todos los alcaldes. No es un reconocimiento aislado ni un golpe de suerte. Es una tendencia sostenida que se acumula mes con mes y que ahora se traduce en un liderazgo medible.
Con una calificación de 7.90 en trabajo y desempeño, el alcalde de la capital chihuahuense supera a figuras de municipios con mayores presupuestos, con mayor proyección mediática y, en muchos casos, con supuestos avances que se han quedado en promesas. Bonilla no compite en un espejo local; compite en una escala nacional y la vuelve a encabezar.
La cercanía con la ciudadanía, rubro donde alcanzó un 7.82, reafirma la idea de un gobierno municipal que no solo administra, sino que recorre calles, atiende demandas, visita colonias y escucha. Esa percepción de accesibilidad no se construye desde la oficina; se gana en el territorio.
Y más allá del aplauso, están los resultados concretos, Chihuahua Capital se ubica en el quinto lugar nacional en servicios públicos con 7.25 puntos, es decir, la ciudad está funcionando; limpia, iluminada, atendida, en condiciones que se sostienen aun en tiempos de presión presupuestal y exigencias crecientes.
Esa combinación, trabajo visible, operación eficiente y presencia constante, no es menor. Genera algo que en política es escaso, consenso ciudadano. Y cuando un consenso se vuelve reiterado, deja de ser coyuntura y se convierte en plataforma.
Si la ruta continúa como va, los pasos siguientes son naturales. No improvisados, no acelerados, no urgidos ¡naturales!
Un alcalde que cierra el año como el mejor evaluado del país, que sostiene cifras altas en desempeño, cercanía y servicios, inevitablemente se coloca en un carril distinto. Y en política, esos carriles rara vez terminan donde empiezan.
Lo que hoy son números favorables mañana pueden ser capital político. Y si ese capital se administra con la misma disciplina con la que se administra la ciudad, Bonilla seguirá recorriendo una ruta que, para muchos, empieza a trazarse claro, una ruta hacia la gubernatura.
Por ahora, los datos están ahí. El liderazgo también. El resto dependerá de lo que se siga construyendo, paso a paso, desde la operación diaria. Porque cuando los resultados sostienen el discurso, lo que viene no es una aspiración…es una consecuencia.
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De malas y contra la pared
Tarde que temprano el destino deja de dar segundas Oportunidades. César Duarte está justamente ahí, de malas y de peor. La captura del exgobernador llegó acompañada de un expediente jurídico que no solo revive viejos señalamientos, sino que los coloca en una dimensión más severa, más profunda y mucho más costosa para él.
La Fiscalía General de la República ha puesto sobre la mesa un delito que no admite maquillajes, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Si la acusación prospera, y hoy parece tener más sustancia que nunca, podría enfrentar hasta 25 años de cárcel. No son números simbólicos. Son años efectivos que, son el peso específico de haber ocupado el cargo más alto del gobierno de Chihuahua y de haber cometido actos ilícitos.
Duarte ya venía arrastrando procesos, audiencias, investigaciones y extradición. Pero ahora el escenario es distinto. Esta vez la acusación se centra en esquemas diseñados para ocultar recursos que presuntamente provenían de actividades ilícitas y que terminaron infiltrándose en el Sistema Financiero Mexicano. No se habla de descuidos administrativos ni de irregularidades contables, se señala una estructura de manipulación deliberada (Aquí es donde muchos de sus colaboradores empiezan a temblar de nuevo).
La defensa intenta sostener que se trata de los mismos 96 millones de pesos por los que ya se le procesa en Chihuahua, y que por ello no puede ser juzgado de nuevo. Pero esa narrativa choca con el marco legal internacional, con los criterios judiciales y con el contexto de su extradición.
Esa discusión, aunque técnica, no alcanza a revertir el hecho principal, la justicia federal ahora va por él con mayor contundencia.
Y si la prisión no fuera suficiente, la legislación contempla otro golpe, la inhabilitación por el mismo periodo que dure la sentencia. Es decir, si cae la condena más alta, Duarte no solo perdería su libertad, también quedaría fuera de cualquier posibilidad de ocupar cargos públicos durante más de dos décadas o mejor dicho, política cancelada. Trinchera cerrada.
El exgobernador ya está sentado frente a la jueza que decidirá si hay elementos para vincularlo a proceso. De ahí en adelante, el camino no tiene atajos.
Duarte hoy enfrenta el resultado acumulado de decisiones políticas y financieras que nunca fueron menores. Y cuando un expediente alcanza tal magnitud, las salidas ya no dependen del discurso, de la memoria selectiva o de un alegato procesal.
En otras palabras, la historia que ya venía mal, acaba de empeorar. Y lo que hoy vive Duarte no parece un accidente, ni una coyuntura jurídica. Es más bien el desenlace natural de algo que se construyó desde hace años. Ahora, sin paraguas político, solo queda el peso de la ley. Y ese peso, esta vez, viene sin descuentos.
