Es la semana de fin de año, y México cierra 2025 con el mismo sabor amargo que ha acompañado a la Cuarta Transformación desde sus inicios: grandes anuncios, grandes promesas y, cuando las cosas salen mal, grandes silencios.
El Tren Interoceánico, esa joya del sureste que el gobierno federal presentó como el renacimiento del Istmo de Tehuantepec, se descarriló en un tramo entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. No fue un incidente menor: la Secretaría de Marina reportó 13 muertos y 98 lesionados, cifras que suben a medida que pasan las horas y los heridos graves no resisten. El convoy, que transportaba pasajeros y carga, salió de rieles en plena curva, dejando vagones volcados, heridos atrapados y un paisaje de metal retorcido que parece burlarse de los discursos triunfalistas.
No se trata solo de un accidente ferroviario. Se trata del costo humano de la prisa, la improvisación y la propaganda. Cuando un proyecto se acelera para cumplir tiempos políticos y no estándares técnicos, el resultado suele ser este: tragedias que después se explican con comunicados, condolencias y promesas de investigación que rara vez llegan a fondo.
Las vidas perdidas no son “incidentes”. Son la consecuencia de una lógica de gobierno donde la obra importa más que la seguridad, y la narrativa pesa más que la supervisión. La 4T ha hecho del cemento un símbolo, pero ha olvidado que la infraestructura sin mantenimiento, sin protocolos y sin rendición de cuentas, también mata.
La 4T, que tanto presumió el tren como símbolo de soberanía y desarrollo regional, ahora enfrenta la realidad: las megaobras no perdonan errores de ejecución. Mientras tanto, en Palacio Nacional el silencio es ensordecedor: ni conferencia de prensa de emergencia, ni comparecencia del secretario de Marina, ni siquiera un tuit de pésame con mayúsculas. Solo un comunicado tibio de la SICT que dice “se investiga”. Porque en la narrativa oficial, los accidentes no existen; solo hay “incidentes” que se resuelven con auditorías internas.
Y mientras el sureste llora a sus muertos, el norte suma otra marca negra: Chihuahua está cerrando el año como segundo lugar nacional en homicidios dolosos, solo por debajo de Guanajuato. La fiscalía general del Estado reporta 1,842 carpetas de investigación por homicidio en 2025, un incremento del 8% respecto al año anterior. Juárez, como siempre, lleva la peor parte: más de 600 homicidios.
Aquí ya no sorprenden las cifras. Nos hemos acostumbrado a leerlas como si fueran parte del paisaje. Y ese es el mayor fracaso del Estado: cuando la violencia deja de indignar y pasa a administrarse estadísticamente.
Los discursos oficiales hablan de contención, de coordinación, de esfuerzos conjuntos. Pero los números cuentan otra historia: territorios disputados, impunidad persistente y una estrategia de seguridad que no logra romper inercias criminales. Chihuahua no está en guerra abierta, pero vive en una violencia crónica, más silenciosa e igual de letal.
Y lo más grave: no hay autocrítica. Siempre es culpa del pasado, de la federación, del municipio, del contexto. Nunca de quien gobierna hoy.
Y para rematar el cierre de año con la dosis más cruel, Juárez acumula un incremento del 44% en muertes por sobredosis de fentanilo y otras drogas sintéticas. El 2025 cierra con más de 280 casos confirmados —cifra que podría ser mayor por subregistro—, la mayoría jóvenes de 18 a 35 años que mueren en sus casas, en moteles o en la calle sin que nadie lo note hasta que el cuerpo ya está frío.
Aquí no hay campañas de prevención serias. No hay atención integral a las adicciones. No hay políticas públicas robustas. Hay silencio. Y cuando el Estado guarda silencio, la droga ocupa su lugar.
La sobredosis no es solo un problema de consumo; es reflejo de desempleo, depresión social, desintegración familiar y ausencia institucional. Es el síntoma de una ciudad que absorbe tensiones económicas y emocionales sin válvulas de escape. Y cada cifra representa una vida perdida que no entra en los discursos de seguridad porque no encaja en la narrativa de “abrazos” ni en la de “mano dura”.
El cierre de año esta deja una conclusión incómoda: el país avanza en discursos, pero retrocede en vidas. Y ningún proyecto, ningún ranking ni ninguna narrativa justifica eso.
Gobernar no es inaugurar obras ni repetir consignas. Gobernar es evitar que la gente muera por negligencia, por violencia o por abandono. Todo lo demás —los comunicados, los discursos, las promesas— es ruido.
Y México, hoy, tiene demasiado ruido… y demasiados silencios.
