El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este martes 30 de diciembre de 2025 sanciones financieras a diez personas y entidades de Irán y Venezuela, acusándolas de colaborar estrechamente en el comercio de drones y el desarrollo del programa de misiles balísticos iraní. Entre los sancionados destaca una empresa venezolana y su presidente, señalados por la compra de aeronaves no tripuladas iraníes que, según Washington, representan una amenaza directa para la seguridad nacional estadounidense y la estabilidad de América Latina.
Estas medidas forman parte de la estrategia de “máxima presión” impulsada por la administración de Donald Trump para asfixiar el complejo militar-industrial de Teherán, bloqueando su acceso al sistema financiero internacional tras un año marcado por ataques militares contra instalaciones de enriquecimiento nuclear en territorio iraní.
La decisión se anunció tras la reunión estratégica entre el presidente Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Florida, donde ambos líderes acordaron intensificar las represalias si Irán intenta reconstituir sus capacidades nucleares. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, subrayó que el envío de armas convencionales hacia Caracas viola flagrantemente las restricciones de las Naciones Unidas, mientras que John K. Hurley, del Tesoro, advirtió que no permitirán que actores estatales utilicen redes logísticas globales para proliferar armas mortales.
Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro ha calificado estas sanciones como un acto de agresión imperialista que busca desestabilizar la cooperación soberana entre naciones, mientras el conflicto en Oriente Medio continúa escalando con nuevas incursiones militares y sanciones que buscan frenar la influencia de la Guardia Revolucionaria de Irán.
