El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha recibido la instrucción formal de analizar los marcos jurídicos nacionales e internacionales que permitan justificar una intervención militar en territorio mexicano. Esta medida, impulsada por la administración de Donald Trump, busca sustentar legalmente posibles ataques terrestres contra los cárteles del narcotráfico, a quienes el mandatario acusa de “dirigir México” y causar cientos de miles de muertes anuales en su país por el tráfico de drogas.
La orden de revisión jurídica se presenta en un momento de máxima tensión regional, exacerbada por la reciente operación militar en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro, lo que ha encendido las alarmas sobre un posible cambio drástico en la política de seguridad hemisférica de Washington.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido con firmeza ante estas intenciones, reafirmando que México es una nación soberana y que no aceptará la incursión de fuerzas extranjeras en su territorio. Durante sus recientes conferencias, la mandataria mexicana ha enfatizado que, si bien existe una disposición para la colaboración y el intercambio de inteligencia, cualquier operativo de seguridad debe ser ejecutado exclusivamente por autoridades nacionales bajo los principios de respeto a la soberanía.
Mientras el área legal estadounidense evalúa escenarios como la designación de los cárteles como organizaciones terroristas para facilitar el uso de la fuerza, el gobierno de México apuesta por la vía diplomática y el derecho internacional para frenar lo que considera una amenaza unilateral a la estabilidad de la región.
