La finalización de una disputa legal de más de cuatro años llegó este lunes 12 de enero de 2026, cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló, por unanimidad, la constitucionalidad del decreto de noviembre de 2020 que extinguió 109 fideicomisos públicos. Bajo la ponencia del ministro Arístides Guerrero García, el máximo tribunal determinó que los gobiernos estatales que impugnaron la medida —como Jalisco, Nuevo León y Chihuahua— no acreditaron una afectación real a sus atribuciones constitucionales.
resolución establece que los fideicomisos son mecanismos auxiliares del Ejecutivo Federal, por lo que su desaparición para concentrar más de 68 mil millones de pesos en la Tesorería de la Federación no vulnera el pacto federal ni la autonomía de las entidades.
Entre los instrumentos cuya desaparición fue ratificada se encuentran fondos estratégicos como el FONDEN (Fondo de Desastres Naturales), el Fidecine, y diversos fondos del Conacyt destinados a la investigación científica y tecnológica. Durante la sesión, ministros como Lenia Batres respaldaron la validez del decreto argumentando que estos fondos propiciaban la opacidad y discrecionalidad en el gasto público.
A pesar de la decisión unánime, persistieron voces aisladas como la de la ministra Yasmín Esquivel, quien manifestó su preocupación por la eliminación del fideicomiso destinado a la atención de víctimas, subrayando la sensibilidad de los recursos para sectores vulnerables en un contexto de persistente inseguridad nacional.
