En Ciudad Juárez el futuro siempre llega con factura. A veces con forma de crisis, a veces con forma de impuesto. Hoy tiene nombre técnico, elegante y aparentemente ecológico: impuesto al carbono. Suena a política pública europea, pero aquí aterriza en una ciudad que vive de chimeneas, naves industriales y turnos nocturnos. Y eso lo cambia todo.
Los industriales locales ya comenzaron a moverse. No por conciencia ambiental, sino por instinto de supervivencia. Juárez no es una ciudad de servicios financieros ni de turismo boutique; es una máquina manufacturera. Cada tornillo que sale rumbo a Estados Unidos deja huella energética. Cada línea de producción consume más luz que una colonia completa. Y ahora, cada kilowatt y cada emisión traerán consigo un costo adicional.
El impuesto no es un rumor. Es una ola que ya se ve en el horizonte. Y aquí, donde la planeación suele llegar tarde y la reacción en caliente, el que no se anticipe pagará doble: en dinero y en competitividad. Porque mientras otras regiones ya ajustan procesos, invierten en eficiencia y rediseñan cadenas de suministro, Juárez todavía discute si el cambio climático existe o es una moda woke.
El problema no es la transición ecológica. El problema es hacerla sin red. En una ciudad donde muchas maquilas operan al límite de margen, donde los proveedores locales sobreviven con alfileres financieros y donde la informalidad ronda como sombra, un impuesto mal diseñado puede convertirse en un castigo territorial.
Por eso cobra relevancia que la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados vaya a sesionar en la frontera para revisar ISR, IVA y estímulos fiscales. No es un gesto menor. Es, al menos en papel, una oportunidad histórica para que el centro del país escuche cómo se ve la economía desde el borde del mapa.
La pregunta es brutalmente simple:
¿Escucharán?
Porque escuchar no es venir a tomarse la foto con vista al Río Bravo. Escuchar es entender que la frontera no compite con Oaxaca ni con Tlaxcala: compite con Texas, con Nuevo México, con Asia. Escuchar es aceptar que un ajuste fiscal mal calibrado aquí no recauda más: expulsa inversión. Escuchar es comprender que Juárez no pide privilegios, pide reglas que no la condenen.
Los empresarios locales tienen razón en estar alerta. No para evadir responsabilidades ambientales, sino para exigir transición realista. No se puede pedir descarbonización sin infraestructura. No se puede exigir energía limpia cuando la red eléctrica es obsoleta. No se puede cobrar por contaminar sin ofrecer alternativas viables para dejar de hacerlo.
La frontera ha sido durante décadas la palanca exportadora del país. La zona que genera dólares, empleo y estabilidad macroeconómica. Tratarla como un apéndice fiscal es una torpeza estratégica.
Y mientras en los salones se discute el futuro tributario, en la calle se intenta rescatar el pasado. El municipio anunció que remozará el monumento a Benito Juárez. Brillará como nunca, dicen. Tal vez sea un acto simbólico involuntariamente preciso: pulir la estatua mientras la ciudad enfrenta transformaciones que pueden redefinir su destino económico.
Juárez siempre ha sido eso: un lugar donde el bronce mira al pasado mientras el presente corre sin permiso.
Ojalá que, así como se le devuelve brillo al monumento, se le devuelva visión a la política pública. Porque el impuesto al carbono no es solo un tema ambiental: es una prueba de inteligencia económica. Y en una ciudad que vive de competir, la peor contaminación es la improvisación.
