H. Cd de Chihuahua.- Organizaciones que acompañan a las víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez advirtieron que el nombramiento de Francisco Garduño como director general de Centros de Formación para el Trabajo en la Secretaría de Educación Pública (SEP) envía un mensaje preocupante sobre el compromiso del Estado con la justicia y la rendición de cuentas. Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) recordaron que el excomisionado del Instituto Nacional de Migración continúa imputado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.
Las ONG subrayaron que la designación ocurre en medio del proceso judicial que enfrenta Garduño por su presunta responsabilidad en el incendio ocurrido en marzo de 2023, que dejó 40 migrantes muertos y decenas de personas con secuelas permanentes. Afirmaron que el nombramiento “normaliza el olvido institucional” y puede interpretarse como un premio inmerecido que profundiza la impunidad, en detrimento de las víctimas y sus familias.
Además, consideraron especialmente grave que Garduño no cuente con una trayectoria acreditable en el ámbito educativo, lo que refuerza la percepción de que el cargo responde a una lógica de protección política más que a criterios de idoneidad. Las organizaciones insistieron en que la justicia no puede ser sustituida por cargos públicos y reiteraron su exigencia de verdad, reparación y rendición de cuentas por la tragedia.
