Mientras el país parece acostumbrarse a vivir entre cifras rojas y comunicados huecos, la gobernadora Maru Campos sigue haciendo lo que en estos tiempos se ha vuelto una rareza: gobernar con agenda propia en materia de seguridad. Su reunión con la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy, no es un acto protocolario más; es una jugada política de alto calibre en un contexto donde la violencia no se contiene con discursos, sino con coordinación real.
Chihuahua no puede darse el lujo de esperar a que la Federación “voltee a ver” al estado. Aquí se gobierna con la urgencia de quien sabe que cada día sin acuerdos cuesta vidas. Maru entiende algo que en Palacio Nacional todavía no asimilan: la violencia no se administra, se enfrenta. Y para hacerlo necesita redes, puentes, interlocución directa con quienes hoy concentran el poder federal. No es sumisión; es pragmatismo.
La foto con Godoy no es decorativa. Es el mensaje de que Chihuahua no se va a quedar cruzado de brazos esperando milagros desde el centro. Es la construcción de una arquitectura política para contener lo que Morena no ha podido frenar con toda su maquinaria nacional.
Pero mientras en el ámbito estatal se tejen acuerdos, desde la presidencia se incendia la dignidad.
Porque como si fuera una broma de pésimo gusto —una de esas que sólo se permiten los regímenes insensibles—, Claudia Sheinbaum decidió nombrar a Francisco Garduño en la Secretaría de Educación Pública. Sí, al mismo Garduño que carga con la sombra de las 40 víctimas del incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez. El mismo cuya negligencia, indiferencia y cadena de omisiones marcaron una de las tragedias más dolorosas que ha vivido esta frontera en décadas.
No estamos hablando de un error administrativo. Hablamos de vidas humanas calcinadas bajo custodia del Estado mexicano. De hombres encerrados como animales. De puertas que no se abrieron. De responsables que no pagaron.
Y aun así, el régimen lo premia.
No sólo es una afrenta a las víctimas y sus familias. Es un mensaje devastador para el país: en la 4T la incompetencia no se castiga, se recicla. La impunidad no se esconde, se institucionaliza. Garduño no debería ocupar ningún cargo público. Debería estar inhabilitado de por vida. Pero en Morena, la lealtad pesa más que la conciencia.
Mientras Chihuahua intenta contener la violencia con diálogo institucional, el gobierno federal legitima a quienes simbolizan la tragedia. Es el contraste brutal entre quien intenta apagar incendios y quien sigue jugando con cerillos.
Y al norte del río, El Paso también da señales inquietantes. La planeación de un nuevo centro de detención migratoria confirma lo que ya se siente en el ambiente: la frontera vuelve a endurecerse. En los últimos días, los operativos del ICE se han vuelto visibles, virales, casi teatrales. Redadas abiertas. Patrullas. Detenciones públicas. Mensajes claros.
La frontera vuelve a ser vitrina del miedo.
Para Juárez, esto no es una noticia lejana. Es un espejo. Cada decisión en El Paso tiene eco aquí. Cada muro que se levanta allá presiona más a esta ciudad. Cada centro de detención es una advertencia: el fenómeno migratorio no se resolverá con discursos humanistas ni con slogans de campaña. Se está militarizando otra vez.
Y en medio de ese tablero, Chihuahua queda atrapado entre dos lógicas opuestas: un estado que busca coordinarse para pacificar, y una federación que parece empeñada en normalizar la tragedia.
Maru Campos juega ajedrez. Claudia Sheinbaum juega ruleta rusa con la memoria.
La gobernadora entiende que contener la violencia requiere alianzas, inteligencia, diálogo con las instituciones que hoy concentran poder real. Por eso va a la Ciudad de México, por eso habla con la FGR, por eso insiste en construir una agenda propia de seguridad. No espera permiso; construye margen de maniobra.
La presidenta, en cambio, demuestra que su prioridad no es la justicia, sino la continuidad del aparato. Garduño es la prueba. Si puedes morir a 40 personas bajo custodia estatal y aun así ascender, entonces el sistema no está roto: está diseñado así.
Y eso es lo verdaderamente alarmante.
Porque mientras en Chihuahua se intenta contener la violencia con política, coordinación y responsabilidad, desde el centro se sigue enviando el mensaje de que en México no pasa nada… aunque pase todo.
La frontera lo sabe. Juárez lo sabe. Las víctimas lo saben.
Aquí no olvidamos. Y aquí tampoco tragamos el cuento de que todo va bien.
Se puede tejer redes para contener la violencia. Lo que no se puede —ni se debe— es gobernar incendiando la memoria. Porque un país que premia a sus responsables de tragedias está condenado a repetirlas.
