H. Cd. De Chihuahua.- Familiares de personas privadas de la libertad han iniciado procesos legales contra el Estado Mexicano tras la entrega de reos a las autoridades de Estados Unidos sin haber agotado los procesos formales de extradición.
Los inconformes alegan que el Gobierno Federal, bajo una justificación de seguridad nacional, realizó traslados masivos que vulneran el debido proceso y los tratados internacionales de extradición vigentes desde 1974.
Entre los nombres mencionados en estas entregas recientes destacan figuras de alto perfil como Rafael Caro Quintero, Vicente Carrillo Fuentes “El Viceroy” y Abigael González Valencia “El Cuini”, quienes fueron enviados a territorio estadounidense bajo un esquema que el gobierno califica como una “decisión soberana” y una “transferencia” administrativa para evitar que los capos sigan operando desde cárceles mexicanas o corrompan a las autoridades locales.
Por su parte, el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha defendido estas acciones como necesarias para desmantelar las redes de corrupción y reducir la violencia en el país, asegurando que los entregados representaban una amenaza real para la seguridad pública.
No obstante, abogados y organismos internacionales advierten que saltarse el procedimiento judicial de la extradición podría generar un sistema paralelo que fracture el Estado de Derecho. Mientras el Departamento de Justicia de EE. UU. celebra estas entregas como un “logro histórico” en la lucha contra el fentanilo y los cárteles, los tribunales mexicanos se preparan para recibir una serie de impugnaciones que cuestionan la legalidad de estas transferencias realizadas en medio de fuertes presiones políticas por parte de la administración de Donald Trump. (Enblancoynegro)
