Un juez federal dictó auto de vinculación a proceso en contra de Diego Salazar (alias Luis Gustavo Agapito Millán o El Flaco), presunto cabecilla de la organización criminal Los Salazar, brazo operativo de los Beltrán Leyva en Querétaro. La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a Salazar y a otras 29 personas, incluida su pareja Cecil Mora, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Esta célula delictiva es señalada por el gabinete de seguridad federal de controlar la distribución de drogas, así como de ejecutar extorsiones, cobro de piso y secuestros contra comerciantes de la región.
La detención masiva fue resultado de 12 cateos simultáneos realizados por la Agencia de Investigación Criminal en coordinación con la Defensa, Marina y Guardia Nacional, logrando el aseguramiento de armas, vehículos, joyas y diversos cargamentos de metanfetamina, cocaína y marihuana. Entre los vinculados se encuentran nombres como Bryan Jaciel Verduzco, Carlos Andrés Garfias y Jesús Antonio Granados, quienes presuntamente operaban bajo el mando de Salazar.
El juzgador impuso la medida de prisión preventiva oficiosa, ordenando el traslado de los hombres al Cefereso 17 en Michoacán y de las mujeres al penal de Mil Cumbres en la misma entidad.
L as investigaciones ministeriales presentadas por la FEMDO exponen que el grupo criminal utilizaba casas de seguridad para mantener privados de la libertad a quienes se negaban a pagar las cuotas impuestas.
El operativo permitió además la incautación de 64 teléfonos celulares, computadoras y básculas grameras, herramientas clave para la logística de la distribución de narcóticos en el estado. Con esta resolución judicial, se busca desmantelar la estructura financiera y operativa de una de las organizaciones más violentas que mantenía el control de actividades ilícitas en Querétaro, dejando un plazo para la investigación complementaria que determine su sentencia definitiva.
El golpe a la estructura de Los Salazar representa un avance significativo en la estrategia de seguridad del Gobierno de México para pacificar la zona centro del país y debilitar las alianzas del Cártel de los Beltrán Leyva. L a presidenta Claudia Sheinbaum y las instituciones de seguridad han reiterado que no habrá impunidad para los grupos que atenten contra la integridad de los comerciantes y la ciudadanía.
Por ahora, los 30 imputados permanecerán recluidos mientras sus defensas legales presentan pruebas, bajo la estrecha vigilancia de las autoridades federales debido a la peligrosidad y los nexos delictivos que caracterizan a este grupo criminal.
