Tricia McLaughlin, principal portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ferviente defensora de las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, dejará su cargo la próxima semana. De acuerdo con fuentes internas citadas por medios estadounidenses este martes, McLaughlin notificará oficialmente su partida tras haberse consolidado como una de las figuras más visibles en la defensa de los operativos del ICE y la CBP.
Su salida marca un punto de inflexión en el departamento, especialmente por su recurrente presencia en medios de comunicación para justificar las tácticas de control fronterizo y detenciones en el interior del país.
La renuncia de la portavoz ocurre en un momento de máxima tensión para el DHS, que enfrenta duras críticas tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Reene Good y Alex Pretti, durante protestas contra las redadas en Minneapolis.
Estos incidentes han provocado una crisis política que mantiene al departamento en su cuarto día de cierre presupuestal. Los legisladores demócratas han condicionado la firma del presupuesto a la implementación de reformas profundas en la ejecución de los operativos migratorios, exigiendo un cambio en la estrategia de seguridad interna de la Casa Blanca.
Ante el creciente rechazo social, la administración Trump ha comenzado a mostrar señales de un giro en su estrategia operativa. Tom Homan, conocido como el “zar fronterizo”, anunció recientemente la retirada de la mayoría de los agentes federales desplegados en Minneapolis, en un intento por desescalar el conflicto en las ciudades estadounidenses. Esta decisión responde también a la presión de la opinión pública, ya que encuestas recientes de AP-NORC indican que seis de cada diez adultos en Estados Unidos consideran que el presidente se ha excedido al utilizar fuerzas federales de migración para tareas de vigilancia urbana.
El relevo en la vocería del DHS se produce mientras el gobierno federal lidia con un cambio en la percepción ciudadana sobre el control migratorio. La partida de McLaughlin simboliza el fin de una etapa de retórica agresiva que, si bien contaba con el respaldo de la base más dura del gobierno, terminó por desgastar la relación con el Congreso y diversos sectores de la sociedad civil.
La nueva titularidad de la portavocía deberá enfrentar un escenario de parálisis financiera y una exigencia ineludible de transparencia y reforma en los protocolos de actuación de los agentes de migración y aduanas.
