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20 de febrero 2026

Claudia Sheinbaum evita comentar sobre el adeudo millonario de Elba Esther Gordillo

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, evitó emitir una opinión profunda respecto a la reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso de Elba Esther Gordillo. Durante su conferencia matutina realizada en Irapuato, la mandataria se limitó a señalar que el tema es un asunto de la Corte, sin ofrecer mayores detalles sobre la situación legal de la exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

El máximo tribunal del país rechazó revisar el amparo promovido por Gordillo, dejando firme una sentencia que la obliga a pagar 19 millones 269 mil 323 pesos por concepto de Impuesto Sobre la Renta. La decisión fue tomada por unanimidad del Pleno al determinar que el caso no planteaba cuestiones de constitucionalidad que ameritaran un análisis adicional. Con este fallo, se cierra de manera definitiva el litigio fiscal que la exlideresa mantenía desde hace varios años contra las autoridades tributarias.

El adeudo tiene su origen en una revisión realizada por el Servicio de Administración Tributaria en el año 2016, donde se detectaron ingresos omitidos durante los ejercicios fiscales de 2008 y 2009. La autoridad fiscal identificó diversos depósitos bancarios y pagos a tarjetas de crédito que no correspondían a los salarios reportados por la exdirigente sindical. Aunque ella argumentó que los recursos eran para gastos de representación, no presentó la documentación necesaria para acreditar dichas operaciones.

A lo largo del proceso legal, diversas instancias confirmaron que el SAT actuó conforme a derecho al considerar esos movimientos como ingresos acumulables. En su defensa, Gordillo alegó que la Ley del Impuesto Sobre la Renta vulneraba sus garantías de audiencia y acceso a la justicia, pero los ministros determinaron que dichos argumentos no configuraban un problema constitucional directo. Con esta resolución, la exfuncionaria deberá cubrir el crédito fiscal determinado por la autoridad hacendaria tras agotar todos los recursos legales disponibles.

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