
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, lanzó una dura crítica contra la presidenta Claudia Sheinbaum tras el anuncio de que presentará su propuesta de reforma electoral este 25 de febrero de 2026. El senador calificó de inadmisible que la prioridad del Ejecutivo sea modificar las reglas del juego democrático mientras México atraviesa una de las jornadas más violentas de su historia reciente tras la caída de “El Mencho”. Para Moreno, el país se encuentra en un escenario de crisis absoluta con 252 narcobloqueos, 56 bancos incendiados y el asesinato de 25 elementos de las Fuerzas Armadas, cifras que, según denunció, demuestran que el territorio nacional se le cae a pedazos a la administración de Morena.
El líder priista responsabilizó directamente a la política de “abrazos no balazos” iniciada en el sexenio anterior de haber permitido un pacto entre el oficialismo y el crimen organizado, lo que ha derivado en una tragedia nacional que ameritaría luto oficial en lugar de cambios legislativos. Durante un encuentro en el Senado, “Alito” Moreno exigió que el gobierno rinda cuentas sobre la violencia desbordada en entidades como Jalisco, Guerrero y Sinaloa, cuestionando las afirmaciones de paz que emite la presidencia. Además, utilizó el reciente atentado contra la alcaldesa de Bacanora, Sonora, como evidencia irrefutable de que la inseguridad ha alcanzado niveles de ingobernabilidad que impiden cualquier debate político sano.
En materia de soberanía, el senador demandó transparencia total sobre la colaboración de inteligencia con Estados Unidos, señalando que es evidente el respaldo táctico extranjero en la captura de objetivos prioritarios del narcotráfico, pese a las constantes negativas oficiales. Moreno Cárdenas insistió en que el gobierno federal debe dejar de ocultar el papel que juegan las agencias estadounidenses en la seguridad interna, especialmente tras los operativos que desencadenaron la actual ola de represalias. Paralelamente, exigió que se investigue por corrupción al círculo cercano del expresidente López Obrador, mencionando específicamente a personajes vinculados a redes de tráfico de influencias que han operado bajo el cobijo de la administración actual.
Finalmente, el PRI nacional emitió un comunicado oficial adelantando que su bancada no acompañará, avalará ni convalidará la reforma de Sheinbaum por considerarla un retroceso democrático y una amenaza a la estabilidad institucional. El partido tricolor cerró filas con otras fuerzas de oposición que han comenzado a denominar al proyecto como la “Ley Maduro”, advirtiendo que los cambios graduales propuestos solo buscan consolidar un régimen autoritario. Con este posicionamiento, el bloque opositor se prepara para frenar la iniciativa en el Congreso, argumentando que no se puede legislar sobre urnas mientras las calles de México permanecen bajo el control y el fuego de las organizaciones criminales.

