La Corte Suprema de Brasil sentenció este miércoles a 76 años de cárcel a los hermanos Chiquinho y Domingos Brazão, exparlamentarios hallados culpables de ordenar el asesinato de la concejala y activista Marielle Franco en 2018.
El fallo del magistrado Alexandre de Moraes puso fin a casi ocho años de impunidad, confirmando que el homicidio fue una represalia política directa contra el trabajo de Franco, quien combatía la expansión territorial de las milicias en Río de Janeiro.
La sentencia no solo castiga el crimen material, sino que expone la alarmante simbiosis entre las estructuras legislativas y los grupos criminales que controlan amplias zonas de la ciudad carioca.
Durante el juicio, que conmocionó a la opinión pública brasileña, el tribunal destacó que el asesinato de la activista negra y lesbiana estuvo profundamente marcado por el racismo y la misoginia. Marielle Franco, de 38 años, fue acribillada para enviar un “recado” intimidatorio a la clase política que osara interferir con los negocios inmobiliarios ilegales de las milicias, integradas en gran medida por expolicías.
La magistrada Cármen Lúcia, visiblemente afectada durante la sesión, cuestionó cuántas muertes más de este tipo permitiría el Estado, subrayando que la condena de los Brazão es un precedente indispensable para la supervivencia de la democracia en el país.
La red de complicidades que permitió el encubrimiento del crimen también recibió castigos severos por parte de la justicia. Rivaldo Barbosa, el excomisario que inicialmente dirigió la investigación, fue condenado a 18 años por obstrucción de la justicia, tras comprobarse que utilizó su cargo para proteger a los hermanos Brazão. Asimismo, Ronald Paulo de Alves, miembro de la milicia que vigiló la rutina de la concejala antes del ataque, recibió una pena de 56 años.
El proceso se fundamentó en la delación premiada del expolicía Ronnie Lessa, autor material de los disparos, quien ya cumple una condena de 78 años dictada en 2024.
La resolución del caso Marielle Franco representa una victoria emblemática para los organismos internacionales de derechos humanos y para los familiares de la concejala, quienes reaccionaron con alivio ante el veredicto en Brasilia.
Las milicias en Río de Janeiro controlan actualmente más del 50% del territorio de la capital, ejerciendo un dominio violento sobre servicios básicos y desarrollos urbanos.
Con este fallo, la Corte Suprema de Brasil envía un mensaje de cero tolerancia a la infiltración del crimen organizado en las instituciones, cerrando uno de los expedientes más oscuros y representativos de la lucha contra la impunidad en América Latina.
