Este jueves 26 de febrero de 2026, la comunidad internacional rompió el silencio ante la tragedia ocurrida en el Centro de Asistencia Social de tránsito “Casa Pato”, en San Raymundo Jalpan, Oaxaca. A través de un comunicado conjunto, tres agencias de las Naciones Unidas —ACNUR (Refugiados), OIM (Migraciones) y UNICEF (Infancia)— exigieron una investigación a fondo sobre la muerte de dos niñas haitianas que se encontraban bajo la custodia del Estado mexicano.
El pronunciamiento conjunto de estos organismos es una señal de alerta máxima sobre las condiciones de seguridad y supervisión en las instalaciones operadas por el DIF estatal de Oaxaca. Las agencias ofrecieron apoyo técnico inmediato para fortalecer la vigilancia del centro y garantizar que la dignidad y seguridad de los menores migrantes y refugiados cumplan con los estándares internacionales de protección.
Los hechos: Una tragedia por negligencia en infraestructura
La muerte de las menores ocurrió el pasado 24 de febrero dentro de las instalaciones gubernamentales que debían garantizar su bienestar. La cronología de la tragedia detalla deficiencias críticas en la seguridad del inmueble:
- Causa de muerte: Las dos niñas cayeron en una fosa séptica ubicada en el interior del albergue.
- Contexto de vulnerabilidad: Las víctimas formaban parte de los flujos migratorios de Haití, país que enfrenta una crisis de desplazamiento masivo, y se encontraban en México buscando refugio o tránsito seguro.
- Falla institucional: El incidente ocurrió bajo la responsabilidad directa del DIF estatal, encendiendo alarmas sobre los protocolos de mantenimiento y supervisión de los espacios destinados a niños y adolescentes vulnerables.
Consecuencias legales y destituciones inmediatas
Ante la presión internacional y la gravedad del suceso, la secretaria Yarib Hernández García confirmó que se han tomado medidas contundentes para evitar la impunidad:
- Investigación Penal: La Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió una carpeta de investigación y mantiene a dos personas a disposición del Ministerio Público.
- Funcionarias destituidas: Se separó de su cargo a la directora del albergue y a la coordinadora general de albergues, quienes también enfrentan procesos legales por posibles omisiones.
- Revisión de infraestructura: El gobierno estatal se comprometió a realizar una auditoría integral de las condiciones físicas y los protocolos de supervisión en todos los centros asistenciales de la entidad.
La intervención de la ONU subraya el riesgo de que el caso no sea tratado con la rigurosidad necesaria, por lo que el compromiso de la Fiscalía será clave para determinar si existió negligencia criminal en la gestión de “Casa Pato”.
