Mexicali, B.C. La administración estatal encabezada por Marina del Pilar Ávila Olmeda enfrenta un nuevo desafío tras el reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que detectó presuntas irregularidades financieras por un monto cercano a los 500 millones de pesos. De acuerdo con los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2024, las inconsistencias se concentran en el manejo de participaciones federales, programas sociales y la contratación de servicios que carecen de la documentación probatoria necesaria.
El órgano fiscalizador detalló que se identificó un presunto desvío de recursos que habrían sido transferidos desde el Ejecutivo estatal hacia el Congreso local bajo el concepto de “apoyos sociales fantasmas”, ya que no se presentaron evidencias de que dichos fondos llegaran realmente a los beneficiarios. Esta situación ha generado un fuerte eco en la opinión pública, especialmente tras la reciente designación de Aureliano Hernández Palacios como nuevo titular de la ASF, quien ha prometido una política de “cero tolerancia” a la corrupción y el fortalecimiento de las auditorías de cumplimiento para los estados.
Ante estos señalamientos, el Gobierno de Baja California dispone de un plazo legal para presentar las pruebas y solventar las observaciones antes de que la ASF inicie procesos sancionatorios formales o denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). Por su parte, sectores de la oposición han exigido una investigación profunda, recordando que irregularidades similares de administraciones pasadas ya han derivado en el rechazo de cuentas públicas. Mientras tanto, la administración de Ávila Olmeda sostiene que se trata de procesos administrativos en etapa de aclaración y que no existe un daño patrimonial confirmado hasta el momento.
(En Blanco y Negro)
