H. CD. DE CHIHUAHUA.- En un drástico vuelco a las carpetas de investigación que sacuden la escena política nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) emitió un citatorio formal en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Asimismo, la dependencia federal aclaró los alcances del requerimiento penal formulado para el estado grande, precisando de forma institucional que tanto la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, como el exfiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, comparecerán estrictamente en calidad de testigos.
El desglose pericial revela que las autoridades ministeriales del país determinaron citar al sinaloense Rocha Moya para que rinda su declaración en torno a los expedientes unificados que lo vinculan con presuntas irregularidades electorales y la sombra del crimen organizado en su entidad federativa. Paralelamente, los tribunales de control puntualizaron el estatus legal de la mandataria chihuahuense y su excolaborador, desmintiendo las versiones opositores que apuntaban a una presunta responsabilidad criminal; la comparecencia de los funcionarios locales se desahogará bajo un esquema de colaboración civil respecto al caso relacionado con el despliegue de agentes extranjeros en la Sierra Tarahumara.
Esta precisión jurídica vino a mitigar la confrontación en las mesas de debate político, donde el bloque de Acción Nacional había denunciado una sistemática persecución centralista, mientras que las bancadas opositores de Morena celebraban el llamado judicial como un proceso inminente de rendición de cuentas. Con esta delimitación técnica de la FGR, los comités legales del estado vigilarán que las diligencias se realicen de manera pulcra, asegurando que las declaraciones testimoniales aporten certidumbre al debido proceso sin trastocar la estabilidad constitucional ni el bienestar de las familias chihuahuenses. (En Blanco y Negro)
