H. CD. DE CHIHUAHUA.- En un drástico e inesperado giro jurídico que vino a reconfigurar por completo el tablero político del estado grande, la Fiscalía General de la República (FGR) modificó los estatus de control penal y citó de nueva cuenta a la gobernadora constitucional de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, pero ahora bajo la calidad formal de imputada dentro de las carpetas de investigación que se desahogan a raíz de las denuncias interpuestas por el senador de Morena, Javier Corral Jurado.
El desglose informativo de las bitácoras federales detalla que este nuevo requerimiento ministerial neutraliza el citatorio previo que la ubicaba únicamente como entrevistada o testigo en las oficinas de la frontera. Tras la notificación de las células judiciales, la mandataria estatal rompió el silencio de manera frontal a través de las agencias de comunicación y plataformas digitales, calificando de forma enérgica este viraje pericial como una burda y abierta persecución política orquestada de manera pulcra desde los comités del gobierno central de la Ciudad de México para desestabilizar la soberanía de la entidad chihuahuense.
La defensa legal de la jefa del Ejecutivo del Estado y el bloque de diputados blanquiazules cerraron filas de manera inmediata, argumentando que el cambio de estatus a imputada carece de sustento técnico y responde a un montaje mediático diseñado en las zonas grises del poder federal para mermar los indicadores de seguridad pública y el combate al crimen organizado en la región. Mientras tanto, las células jurídicas de la representación social preparan las bitácoras de descargo correspondientes para comparecer ante los tribunales correspondientes, avanzando un litigio de alto impacto que mantiene bajo estricta vigilancia civil el bienestar institucional y el debido proceso en el estado grande. (En Blanco y Negro)
