H. CD. DE CHIHUAHUA.- La crisis humanitaria por la desaparición de personas volvió a posicionarse en el epicentro del debate político e institucional a nivel nacional, luego de que las diferentes fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión e integrantes de colectivos de búsqueda exigieran una revisión profunda de las estrategias de seguridad vigentes. Las mesas de discusión parlamentaria se tornaron ríspidas ante los reclamos de la oposición y de la sociedad civil por el drástico rezago en la unificación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y las fallas técnicas en la implementación del Banco Nacional de Datos Forenses, demandando de manera enérgica la asignación de mayores recursos presupuestales para las fiscalías especializadas y las comisiones locales de búsqueda en las entidades federativas.
La reactivación del debate político coincide con la presión ejercida por organizaciones internacionales de derechos humanos, las cuales urgieron al Estado mexicano a robustecer los mecanismos de protección para las madres buscadoras y a frenar la revictimización institucional durante los procesos de depuración de los censos oficiales. Ante el incremento de los reclamos en las sedes legislativas, los representantes del bloque gubernamental defendieron las jornadas de búsqueda generalizada en campo y los cruces de bases de datos administrativas que realiza la federación; no obstante, el compromiso de los legisladores se enfocó en convocar a mesas técnicas de trabajo de carácter urgente con los titulares de las dependencias de seguridad para rediseñar los protocolos de búsqueda inmediata en las zonas con mayor incidencia delictiva del país. (En Blanco y Negro)
