El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, lanzó un contundente mensaje a las organizaciones armadas ilegales del país al otorgarles un plazo de un mes para someterse a la justicia. La advertencia forma parte de su estrategia de seguridad, con la que busca poner fin a los procesos de negociación impulsados durante el gobierno de Gustavo Petro y apostar por una política de mano dura contra grupos criminales y guerrilleros.
De la Espriella aseguró que, una vez concluido ese periodo, el Estado actuará con toda su capacidad militar y judicial contra quienes decidan continuar en actividades ilícitas. El mandatario electo ha reiterado que su administración priorizará el combate frontal al narcotráfico, la extorsión y la violencia que afectan a distintas regiones de Colombia, en un contexto donde la seguridad fue uno de los temas centrales de la reciente elección presidencial.
La postura del próximo presidente marca un giro importante respecto a la política de “paz total” impulsada en los últimos años. Su propuesta contempla fortalecer las fuerzas de seguridad y endurecer las acciones contra las estructuras armadas que operan en el país, una promesa que fue clave durante su campaña y que ahora comienza a perfilar el rumbo de su gobierno antes de asumir oficialmente el cargo en agosto.
