Una investigación revela que una casa de cambio presuntamente relacionada con operaciones de lavado de dinero vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) continuó operando incluso después de que su permiso había sido cancelado por autoridades financieras. El caso forma parte de una serie de indagatorias sobre cómo redes criminales han utilizado centros cambiarios para mover y ocultar ganancias provenientes del contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal.
De acuerdo con reportes financieros y de inteligencia, estas empresas habrían funcionado como piezas clave dentro de esquemas más amplios de lavado de dinero, mezclando recursos de origen ilícito con operaciones cambiarias aparentemente legales. En este entramado también se señalan transferencias internacionales, uso de empresas fachada y movimientos de efectivo que habrían permitido dispersar millones de dólares sin levantar sospechas inmediatas de las autoridades.
Las investigaciones apuntan a que, pese a la cancelación de licencias y supervisión de organismos como la CNBV, algunas de estas estructuras continuaron activas gracias a vacíos de control y redes de complicidad. El caso vuelve a poner en el centro del debate la vulnerabilidad del sistema financiero frente a organizaciones criminales que han diversificado sus métodos de financiamiento más allá del narcotráfico.
