CHIHUAHUA NO PIDE SALUD CON PRIVILEGIOS, EXIGE TRATO DIGNO
En México hay un principio que debería estar por encima de cualquier diferencia política, el derecho a la salud. No importa por quién haya votado un ciudadano, en qué estado viva o qué partido gobierne su municipio. La enfermedad no distingue colores, ideologías ni campañas electorales.
Por eso resulta inevitable preguntarse: ¿por qué Chihuahua sigue esperando un nuevo hospital del IMSS mientras en otras entidades los proyectos avanzan?
No es una pregunta “X”, tampoco es una pregunta partidista, es una pregunta de miles de trabajadores que, cada quincena, ven descontadas de su salario las cuotas que sostienen al Instituto Mexicano del Seguro Social. El IMSS no es un programa asistencial; es una institución financiada mediante un esquema tripartita donde participan trabajadores, patrones y Estado. Es decir, quienes cotizan no están pidiendo un favor ¡están ejerciendo un derecho!
Mientras tanto, en Chihuahua continúa el intercambio de declaraciones. El Gobierno del Estado sostiene que ha puesto terrenos a disposición. El Municipio afirma haber colaborado con opciones viables. El IMSS responde que los predios no cumplen con los requisitos técnicos y, la Federación mantiene la última palabra.
Y mientras los funcionarios discuten expedientes, los derechohabientes siguen haciendo filas, esperando consultas, posponiendo cirugías y enfrentando hospitales que desde hace años trabajan bajo una enorme presión.
Aquí surge una pregunta que nadie debería considerar ofensiva: ¿Los trabajadores de Chihuahua pagan menos cuotas que los del resto del país? La respuesta es no!
Las aportaciones se realizan conforme a la Ley del Seguro Social y forman parte del financiamiento nacional del Instituto. El dinero de los trabajadores de Chihuahua también llega al IMSS, igual que el de cualquier otra entidad.
Entonces, la siguiente pregunta resulta inevitable: ¿Por qué el crecimiento de la infraestructura parece avanzar más rápido en algunos estados que en otros?
Responder esa pregunta corresponde a las autoridades federales. Son ellas quienes deben explicar cuáles son los criterios técnicos, presupuestales y de planeación que determinan dónde se construyen nuevos hospitales y dónde no.
Si los chihuahuenses llegan a creer que la falta de inversiones responde a diferencias políticas entre gobiernos, el daño institucional será enorme. Sería profundamente preocupante que una decisión sobre infraestructura médica pudiera interpretarse como una consecuencia de que Chihuahua tenga un gobierno distinto al federal, y la salud jamás debería convertirse en un instrumento de presión o revancha política.
Sería una señal muy grave para la República, porque entonces, millones de mexicanos podrían preguntarse si la calidad de los servicios públicos depende del color del gobierno que eligieron en las urnas, esa nunca puede ser la respuesta en una democracia.
También existe otro elemento que merece analizarse, hoy conviven dos grandes sistemas federales relacionados con la atención médica, el IMSS para derechohabientes y el IMSS-Bienestar para población sin seguridad social. Ambos forman parte de la estrategia federal para ampliar la cobertura sanitaria, aunque atienden poblaciones distintas y operan bajo esquemas diferentes.
Precisamente por eso, la coordinación entre Federación, estados y municipios resulta indispensable, cuando esa coordinación falla, quien termina pagando el costo no es un gobernador, un alcalde o un director del IMSS, lo paga el paciente, lo paga quien espera una cama, lo paga quien necesita una cirugía, lo paga quien compra de su bolsillo un medicamento que esperaba recibir… lo paga quien tiene que recorrer cientos de kilómetros para encontrar atención especializada.
Y eso debería preocuparnos mucho más que cualquier conferencia de prensa. En Chihuahua nadie está pidiendo trato preferencial, nadie está solicitando privilegios ¡Lo único que se exige es igualdad!
Que un trabajador de Chihuahua tenga las mismas oportunidades que un trabajador de cualquier otra entidad, que las decisiones sobre hospitales respondan a necesidades médicas, no a cálculos políticos y que los gobiernos de los tres niveles dejen de intercambiar responsabilidades y comiencen a construir soluciones.
Porque al final del día, el derechohabiente no distingue si el problema corresponde al Municipio, al Estado, a la Federación o al IMSS, solo sabe que necesita atención.
Y cuando un padre no encuentra una cama para su hijo, cuando un adulto mayor espera meses una cirugía o cuando un enfermo sale del hospital con una receta sin solución inmediata, los discursos dejan de importar.
Ahí desaparecen los colores.
Ahí desaparecen los partidos.
Ahí desaparecen las campañas.
Solo queda una realidad, la salud no puede depender de diferencias políticas, los chihuahuenses no son ciudadanos de cuarta ni de quinta.
Son mexicanos! Trabajan! Cotizan y Contribuyen!
Y, como cualquier otro mexicano, merecen que los recursos que ayudan a sostener el sistema regresen convertidos en hospitales dignos, médicos suficientes, medicamentos oportunos y atención de calidad.
Porque la salud no es una concesión del gobierno.
Entiéndanlo !!!Es un derecho!!!
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🌶️ TAMALEEEES!
🌶️ De chile…
Las quejas por el transporte público siguen llegando. Retrasos, unidades en malas condiciones, rutas saturadas y usuarios que todos los días invierten más tiempo del necesario para llegar a su destino. La movilidad sigue siendo una asignatura pendiente y la paciencia de los ciudadanos cada vez dura menos.
🍬 De dulce…
Las fugas de agua no dejan de aparecer. Qué bueno que se atiendan, pero también es una llamada de atención para reforzar el mantenimiento preventivo. Cada gota cuenta, especialmente en un estado donde el agua es uno de los recursos más valiosos.
🧈 Y de manteca…
Y mientras unos pagan puntualmente su recibo de electricidad, otros siguen recurriendo a los clásicos “diablitos”. Robarse la luz no es una travesura ni una muestra de ingenio; es un delito que termina afectando a todos. Además de poner en riesgo a las familias por posibles cortocircuitos o incendios, esas pérdidas terminan repercutiendo en el sistema eléctrico y, en última instancia, las acaba pagando la sociedad.
