SANTIAGO DE LA PEÑA, TUFO A CENSURA
Hace apenas unos días señalábamos la extraña pretensión del secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, de decidir qué temas podían politizarse, quiénes tenían derecho a opinar y quiénes debían permanecer calladitos.
Algo así como que la política es asunto exclusivo de los políticos y que el resto de la sociedad debe guardar silencio. ¡Shhhhh!
Pues resulta que el pasado fin de semana este medio de comunicación recibió una llamada de Alan Martínez, secretario particular de Santiago de la Peña, para comunicarnos que daban por recibidas las opiniones aquí expresadas.
Desconocemos si la llamada fue por instrucciones del secretario o por iniciativa de su colaborador. Lo que sí podemos decir es que aquella comunicación estuvo cargada de reclamos.
Durante años, nuestros medios de comunicación han transmitido infinidad de mensajes relacionados con las actividades de la Secretaría General de Gobierno. Información de interés público que consideramos importante hacer llegar a la ciudadanía.
Jamás recibimos una llamada de agradecimiento. Ni una sola.
Pero bastaron unos comentarios que no favorecieron a Santiago de la Peña para que apareciera un emisario con una llamada de reclamo. ¡Para informar nunca llamaron, pero para reclamar encontraron el teléfono de inmediato!
Nosotros no llamamos a Santiago de la Peña «carroñero», «sin principios», «tonto» ni «burdo». Esas expresiones fueron pronunciadas por otros actores políticos.
Tampoco fuimos nosotros quienes pretendimos establecer quién puede hablar de política y quién debe mantenerse callado, el mismo Santiago fue quien lo dijo.
Nuestra labor fue informar, comentar y ejercer el derecho a la crítica. Y si al secretario le incomoda que sus declaraciones provoquen reacciones, tendrá que acostumbrarse. Porque quien ocupa un cargo público está sujeto al escrutinio de la sociedad, le guste o no.
Es de preocupar que desde las oficinas del poder se realicen llamadas cuyo tono pueda interpretarse como intimidación.
La diferencia radica en que cuando un ciudadano reclama, ejerce su derecho. Pero cuando el reclamo llega desde las alturas del poder, a través de funcionarios públicos, adquiere una dimensión muy distinta. Y nosotros interpretamos aquella llamada como un intento de silenciarnos, ya que no ayudaba “al jefe”
Resulta particularmente contradictorio que quienes públicamente se presentan como defensores de la libertad de expresión recurran a este tipo de comunicaciones cuando las opiniones dejan de resultarles cómodas o favorables.
Santiago de la Peña tiene todo el derecho de responder, aclarar, debatir y defender sus posiciones.
Sabe nuestros números telefónicos —eso ya nos quedó bastante claro— y conoce perfectamente el domicilio de nuestros estudios. No necesita invitación, las puertas están abiertas y será bienvenido cuando guste. Lo que no puede pretender es que los medios renuncien a su independencia para evitar incomodarlo.
Desde aquí dejamos un mensaje perfectamente claro, no necesitamos autorización del secretario general de Gobierno para opinar. No necesitamos el visto bueno de sus colaboradores para informar, mucho menos aceptaremos que una llamada de reclamo determine nuestra línea editorial. Y si alguien considera que desde una oficina gubernamental puede decidir cuándo debemos hablar y cuándo guardar silencio, está profundamente equivocado.
Señor secretario, con nosotros el ¡shhhhh! no funciona. Y, por cierto, damos por recibida, con su respectivo acuse de recibo, su primera llamada. Qué curioso que haya llegado precisamente cuando nuestras opiniones dejaron de ser de su agrado.
